El fiscal censura la cesión del padrón para la consulta del 9-N

El ministerio fiscal ha tomado partido de forma inequívoca contra la cesión del padrón municipal de Cabrils (Maresme) para la consulta soberanista. Considera que esta acción afecta «a la intimidad» de aquel ciudadano que crea que se usan sus datos para objetivos diferentes de los del padrón.

El fiscal del caso de Cabrils (municipio que ha apoyado ceder el padrón cuando la Generalitat se lo pida, siempre bajo un paraguas legal) fue ayer rotundo y categórico. Criticó el «trasfondo político», invocó un fallo del Tribunal Constitucional que censura el uso del padrón para fines distintos a los previstos, aseguró que ha hecho bien la jueza en suspender cautelarmente la decisión de los ediles del Maresme y cargó indirectamente contra la Generalitat porque, a su juicio, la Autoritat Catalana de Protecció de Dades no estaba legitimada a intervenir ayer. Este organismo se puso al lado del consistorio de Cabrils aportando un informe favorable a la cesión del padrón cuando una ley lo permite. «De hecho, la Generalitat ya tiene el padrón de todos los ayuntamientos», sostuvo el abogado de la Agència, Santiago Farré.

El fiscal alegó que la suspensión es correcta ante el «peligro» de que se usen los datos del demandante, Alejandro Rusiñol, presidente de un partido netamente antisoberanista (Alianza Central Demócrata) y sin implantación en el Ayuntamiento de Cabrils. Tras la sesión, la alcaldesa del municipio, Avelina Morales, de CiU (acompañada de una docena de ediles nacionalistas), mostró su indignación y acusó al fiscal de actuar por órdenes de sus superiores, dando a entender una instrucción política contra el soberanismo.

El denunciante alegó que solo una ley orgánica puede amparar la cesión del padrón y denunció haber sido objeto de amenazas. El abogado del ayuntamiento pidió levantar la suspensión porque solo se cederá el padrón en el marco de una consulta legal en Catalunya.