LA ESTABILIDAD DEL EJECUTIVO CATALÁN

La CUP decide hoy, dividida, si retira o mantiene la enmienda a la totalidad

Fachada de la sede nacional de la CUP en Barcelona

Fachada de la sede nacional de la CUP en Barcelona / periodico

XABI BARRENA / LAURA PUIG / BARCELONA

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El consejo político y el grupo de acción parlamentaria (GAP) de la CUP se encuentra ya reunido (se prevé que a las 23 horas se sepa el resultado), si retiran o mantienen su enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Generalitat, después de que varias asambleas territoriales hayan forzado esta reunión extraordinaria al considerar que se debía replantear el veto a las cuentas. En concreto, han sido las asambleas Nord Oriental, Vallès Oriental-Baix Montseny y Ponent-Pirineu.

El portavoz del secretariado nacional de la CUP Xevi Generó ha afirmado, a las puertas de la sede del partido que "pase lo que pase" el proceso sigue adelante. Generó ha aseverado que su partido trabaja "para construir la independencia y no para cuestionar legislaturas", por lo que, en cuanto a ellos respecta, las relaciones, y futuras negociaciones con Junts pel Sí, no tienen porqué sufrir alteración alguna. A la misma hora, en un acto oficial, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha mantenido la presión sobre los cuperos al insistir en que "tiene que haber presupuesto" para poder desarrollar las políticas sociales. "Más claro no se puede decir", ha zanjado.

LOS MOVIMIENTOS

Los anticapitalistas registraron la semana pasada la enmienda y advirtieron de que su posición contraria a admitir a trámite el proyecto en el pleno de mañana miércoles era "irreversible" a menos que el Govern presentase un nuevo proyecto. El 'president' Carles Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras se reunieron el pasado jueves con los 'cupaires' Anna Gabriel y Joan Garriga para ofrecer una serie de medidas, pero estas cayeron en saco roto. Sin embargo, durante el fin de semana tres asambleas reclamaron la convocatoria extraordinaria para analizar la contrapropuesta del Govern.

La división interna en la CUP ya se visualizó en la reunión del secretariado nacional del pasado jueves, cuando la mitad del grupo parlamentario se mostró a favor de reconsiderar la retirada de la enmienda a la totalidad si la negociación evoluciona hacia sus posiciones. Y en la reunión del consejo político y el GAP del 28 de mayo en la que se aprobó presentar la enmienda, la medida se acordó por 29 votos a favor, 11 en contra y 8 absenciones. De hecho, estas tensiones son un calco de las que se vivieron a finales del pasado año durante el debate sobre la investidura de<strong> Artur Mas</strong>.

NO CERRARSE EN BANDA

La asamblea de Ponent-Pirineu se mostró ayer lunes a favor de retirar la enmienda. Narcís Turull, miembro de esta territorial, explicó que apuestan por no "enrocarse ni fiar la estrategia política" en este instrumento, que califican de "obtuso y que no deja margen al diálogo", ya que eso les impediría poder entrar a negociar con Junts pel Sí aspectos como la inclusión de las leyes de desobediencia, el plan de choque contra la pobreza o la retirada definitiva del consorcio sanitario de Lleida.

La CUP Ponent-Pirineu considera, añadió Turull, que es clave no cerrarse en banda ni hacer propuestas cerradas y que la contrapropuesta del Govern "se merece, como mínimo, una nueva reunión del máximo órgano de la organización al margen de la asambela nacional para valorarla". "Siempre estamos a tiempo de decir que no (a los presupuestos), de volver a incluir más partidas, de continuar negociando a través de posiciones políticas y acuerdos de máximos sobre unos presupuestos de ruptura y en clave socia, pero entrando en la negociación y el diálogo", insistió.

Por contra, la corriente Lluita Internacionalista, una de las organizaciones adheridas a la CUP con voto propio en el consejo político y que fue definitiva en la votación en contra de investir a Mas, mantiene su apuesta por la enmienda a la totalidad porque considera que las cuentas son "continuistas" y "no afrontan el objetivo" de conseguir la independencia en 18 meses. Asimismo, argumentan que los 870 millones extra para financiar políticas sociales que propone el Govern "no suponen un punto de inflexión de las políticas de privatizaciones y recortes de los servicios públicos", al tiempo que recalcan que es una cantidad "insuficiente" para resolver las necesidades sociales más urgentes.