25 oct 2020

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EL PULSO ENTRE ADMINISTRACIONES

Puigdemont convoca un frente común por la ley de pobreza energética

Rajoy impugna y pide al Constitucional que suspenda parte de la norma

La Generalitat y los ayuntamientos reciben el recurso como una afrenta

Patricia Martín Juan Ruiz Sierra

La PAH se ha manifestado desde plaza de Catalunya hasta la sede del PP en Barcelona en un acto a favor de la ley contra la pobreza energética. / MÒNICA TUDELA

La PAH se ha manifestado desde plaza de Catalunya hasta la sede del PP en Barcelona en un acto a favor de la ley contra la pobreza energética.
Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, este viernes en la Moncloa. 

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Pese al deshielo que dejó tras de sí la reunión entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, que dio paso al encuentro del pasado miércoles entre Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras, el Gobierno decidió este viernes mantener su ofensiva judicial contra la Generalitat. El Ejecutivo recurrió y pidió la suspensión de parte de la simbólica ley 24/2015 de emergencia social, a la que el Govern da la máxima importancia. Recogiendo el guante que le había lanzado la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria MarínCarles Puigdemont convocará el martes a los ayuntamientos y las instituciones afectadas para hacer un frente común por la pobreza energética.

La vicepresidenta quiso restar importancia a un “conflicto de competencias” con el argumento de que la parte referida a la pobreza energética queda intacta. “Es un mensaje positivo”, alegó. Sin embargo, la Generalitat se tomó la decisión como una afrenta, aseveró que afecta a la parte sustancial de la ley, es decir, a los desahucios, y dejo claro que Rajoy “no ha abierto una puerta [al diálogo] a medias, sino que la ha cerrado del todo”. Según Puigdemont, el problema es que el litigio ante el Tribunal Constitucional (TC) no implica el enésimo “portazo” al Govern, sino “a las familias catalanas más necesitadas y vulnerables”. 

Precisamente este juicio de valor es el que trató de evitar Sáenz de Santamaría tras el Consejo de Ministros. La vicepresidenta alegó que en este, el recurso interpuesto también contra la ley de la propiedad temporal y compartida, y el resto se actúa movido por criterios jurídicos y para defender la igualdad. Y no por el interés de tumbar leyes “de carácter social”, ni porque se juzgue a una Administración “mejor o peor”. La vicepresidenta instó además a la Generalitat a limar asperezas en la comisión bilateral, antes de acudir al TC.

Cristóbal Montoro

MINISTRO DE HACIENDA

"Pensar que un miembro del Gobierno es quien decide si se recurre o no una ley es no entender cómo funciona la Administración"

EL CRUCE DE IMPUGNACIONES

En este sentido, recordó que el Govern ha presentado 51 impugnaciones y no por ello la Administración central le acusa de no querer luchar, por ejemplo, contra el cambio climático si no atiende el requerimiento solicitado sobre auditorías ambientales. Asimismo, garantizó que el Ejecutivo se ha ceñido a recurrir los artículos que el Consejo de Estado determinó inconstitucionales.

“Pensar que un miembro del Gobierno es quien decide que algo se recurre o no es no entender cómo funciona la Administración”, apostilló Cristóbal Montoro, quien se preguntó, con ironía, si Puigdemont o Junqueras, al exigir que se frene la ofensiva judicial, pretenden que el Gobierno "prevarique".

El líder de ERC, en su reunión con Sáenz de Santamaría, hizo precisamente de la ley contra la pobreza energética, de la que depende en parte la relación de Junts pel Sí con la CUPsu ‘casus belli’. Reclamó a la vicepresidenta al menos no solicitar la suspensión de los preceptos a impugnar, para que puedan ponerse en marcha en tanto llegue el fallo. Y vinculó las futuras relaciones entra las dos administraciones al destino de la norma. Para rebajar el previsible malestar, el Gabinete de Rajoy informó al Govern antes de dar cuenta del recurso.

LOS ARTÍCULOS SUSPENDIDOS

La impugnación no afecta a las ayudas para paliar la pobreza energética, pero sí a los artículos que buscan atenuar los desahucios, como las medidas de segunda oportunidad para hogares endeudados o la obligación de las entidades financieras de ceder pisos vacíos. La parte sustancial de la norma, según Puigdemont, quien subrayó que “no se puede combatir la pobreza energética si no hay una casa en donde vivir”.

Carles Puigdemont

PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

"No se puede combatir la pobreza energética si no hay una casa en donde vivir. Rajoy ha cerrado del todo la puerta del diálogo"

El ‘president’ garantizó, no obstante, que se aplicarán “las bondades de la ley”. Para ello, convocará a la comisión promotora de la norma y a los grupos políticos con la vista puesta “ayudar a quien más lo necesite”. Núria Marín, alcadesa de L'Hospitalet, propuso a Puigdemont hacer un frente común que el 'president' ha aceptado. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lamentó por su parte la “arrogancia e irresponsabilidad” de Rajoy mientras la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) calificó el recurso de declaración de "guerra". 

En varios tuits, la PAH avisa al PP de que van a incrementar la campaña en contra de los conservadores.