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LA LUCHA CONTRA EL OLVIDO

La dictadura sigue en la calle

Compromís denuncia que aún hay 1.200 vías y símbolos franquistas

Carmena propone convertir el Valle de los Caídos en el Valle de la Paz

Roger Pascual

Turistas en el Valle de los Caídos.

Turistas en el Valle de los Caídos. / JOSÉ LUIS ROCA

En los últimos meses varios ayuntamientos han decidido poner fin al franquismo que campa aún por sus calles, en aplicación de la ley de memoria histórica. Compromís ha contado más de 1.200 vías y símbolos de la dictadura que perviven en España. El debate más encendido se ha vivido en Madrid. Tras cambiar el nombre de 30 calles con nombres de aroma fascista (como Arriba España, Caídos de la División Azul o Caudillo) pese a la oposición del PP, Manuela Carmena ha vuelto a poner una de las grandes preguntas sobre la mesa. ¿Qué hacer con el Valle de los Caídos?

"Todos estamos de acuerdo en que es un lugar que debe mantenerse. No hay nadie que quiera dinamitar la zona, pero sí que sería correcto y considerable darle una nueva visión e incorporarle nuevos valores. El Valle de la Paz sería un buen nombre que otorgarle", propuso la alcaldesa de Madrid en una entrevista en 'Le Miau Noir'. Aunque el Valle de los Caídos está fuera de su ámbito de actuación, ya que pertenece al municipio de San Lorenzo de El Escorial, cree que ha llegado la hora de reciclar un lugar de exaltación fascista. "No tiene sentido mantener un nombre de un monumento con el que se conmemora un golpe de Estado llevado a cabo contra el Gobierno legalmente establecido".

José Luis Rodríguez Zapatero ya encargó en su día un informe de una comisión de expertos, presentado un mes antes de que el presidente

Una comisión de expertos recomendó exhumar los restos de Franco para despojar al monumento de connotaciones políticas

socialista dejara la Moncloa. En el documento se apostaba por que el Valle de los Caídos pasara a ser un centro interpretativo y de memoria democrática que expusiera "cuándo, cómo, por quién y por qué" fue construido y que los restos del dictador fueran exhumados para despojar de connotaciones políticas e ideológicas al monumento.

Aunque sea el mayor símbolo franquista no es, ni mucho menos, el último vestigio que hay en el mapa español. El senador de Compromís, Carles Mulet, presentó el pasado 23 de marzo 1.200 preguntas en relación a otras tantas calles y símbolos franquistas que figuran en la bases de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Mulet reclamó que se verifique "calle por calle, municipio por municipio" si se había cambiado o no de nombre. "En caso de mantenerse oficialmente esta denominación ¿qué medidas se va adoptar por parte del Gobierno para asegurar que se cumpla la ley de la memoria histórica? ¿En qué plazo de tiempo? ¿Y piensa adoptarse alguna actuación contra esta administración local por el incumplimiento de la ley?", se preguntaba el senador valenciano, que también ha presentado 2.000 preguntas más sobre el franquismo, una por cada fosa inventariada.

DIVISIÓN POLÍTICA

Desde las últimas elecciones municipales, el callejero se ha movido considerablemente. Quien haya paseado algún verano por San Vicente de la Barquera habrá experimentado la extraña sensación de caminar desde la Avenida del Generalísimo hasta la Plaza José Antonio. Una experiencia turbadora a la que el nuevo ayuntamiento puso fin el año pasado al rebautizarlas como Avenida Los Soportales y Plaza Mayor del Fuero. Sin salir de Cantabria, el pasado 7 de abril Santander aprobó el cambiar el nombre 18 calles, la alteración parcial de otras seis y la eliminación de dos monumentos. Ante la división del consistorio en este tema, la medida se aprobó con el voto del alcalde del PP, Íñigo de la Serna.  

Un planteamiento que no comparten todos sus compañeros de partido. Sin ir más lejos Rosa Gallego, concejal popular en A Coruña, se mostró en contra la decisión Xulio Ferreiro, alcalde de En Marea, de hacer una profunda depuración en el callejero, empezando por la plaza de José Millán-Astray, militar fascista nacido en esa ciudad y fundador de la legión. Gallego justificó su oposición argumentando que estas medidas "causan un grave perjuicio, especialmente cuando afectan a calles comerciales por el elevado coste que supone para los afectados".