«Denunciamos que el Estado español vulnera nuestro derecho a decidir»

El Govern baraja utilizar la recogida de firmas de apoyo al documento como plan c para el 9-N

El frente proconsulta ultima un 'sos internacional' para involucrar a la ONU y a la Unión Europea

3
Se lee en minutos
XABIER BARRENA / FIDEL MASREAL
BARCELONA

«Los cargos electos del Parlament de Catalunya, dels ajuntaments de Catalunya, del Parlamento Europeo y de las Cortes españolas que firmamos este llamamiento denunciamos ante las Naciones Unidas, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa que el Estado español vulnera el derecho del pueblo catalán a decidir libremente su futuro político al impedir la celebración de un referéndum y de una consulta...». Así empieza el manifiesto de denuncia que las cuatro fuerzas (y seis partidos) del frente soberanista (CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP) están ultimando como respuesta a la segura suspensión del sucedáneo de consulta por parte del Tribunal Constitucional, que se espera para el martes.

La presentación formal del documento se haría al día siguiente, miércoles, y contaría también con la participación de las dos entidades cívicas más implicadas en la reivindicación de la consulta, la ANC y Òmnium. Y el domingo siguiente, el 9-N, estará a disposición de los ciudadanos -haya o no haya urnas- para que sea suscrito. Para la ocasión, se ha pensado en un encabezamiento del manifiesto especial y simbólico: «Los ciudadanos de Catalunya que firmamos este llamamiento...». Una fórmula que recuerda mucho al inicio del preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, firmada en Filadelfia en 1776. El famoso «We the people (Nosotros el pueblo)».

 El texto hace un recorrido por todo el proceso vivido en Catalunya desde la aprobación del Estatut del 2006. Explica, pues, el recurso del PP y el recorte del Tribunal Constitucional en el 2010. De ahí pasa a la declaración de soberanía del Parlament en enero del 2013, en el primer acto del nuevo hemiciclo surgido de las elecciones del 25 de noviembre del 2012, y la suspensión legal del texto, de nuevo, por el TC. El acuerdo sobre la fecha y la pregunta de la consulta abre el esprint final del proceso, que incluye, como estación intermedia, la petición ante el Congreso de transferencia de competencias para organizar la consulta, el pasado mes de abril.

Tras explicar la presencia de los tres diputados catalanes en la Cámara baja y el apabullante rechazo de la medida, merced al rodillo aplicado por PP PSOE, se explica la aprobación de la ley de consultas y la firma del decreto de convocatoria, a finales de septiembre.

La suspensión tanto de la ley como del decreto, aplicada de manera automática por el TC tras el recurso del Gobierno central -repasa el documento- obliga al Ejecutivo catalán a bajar un nuevo peldaño y a proponer un proceso participativo. El acuerdo del Consejo de Ministros de hoy de recurrir el sucedáneo de consulta, ya con el informe preceptivo del Consejo de Estado en el bolsillo, y la segura aceptación de este por parte del TC suponen las últimas líneas, aún no escritas, de este documento.

 En todo el texto no se hace ni una mención a la independencia de Catalunya. Ese ha sido el punto de equilibrio que ha posibilitado el pacto entre las cuatro fuerzas, dado que fuentes de la negociación explican que ni ERC ni la CUP han reclamado que se incluya esa referencia a la secesión. Las mismas fuentes señalan que, según el margen que deje el TC para poner las urnas el 9-N, el Govern planteará convertir esta recogida de firmas en el acto central de la movilización. Su plan c, por así decir.

Noticias relacionadas

Algunos partidos ven en la denuncia internacional una manera de evitar que, en caso de que el Ejecutivo catalán acate la segunda suspensión del Constitucional, las urnas acaben siendo puestas y controladas por las entidades cívicas. La recogida de firmas para denunciar que el Estado no deja votar a los catalanes fue una idea propuesta por ICV-EUiA en la tormentosa cumbre del Palau de Pedralbes que rompió la unidad del frente. No obstante, fuentes del Govern indican a este diario que es difícil señalar, hoy, cómo reaccionará el president Artur Mas. Dependerá de cómo argumente el Gobierno la impugnación y de lo que se suspenda.

En paralelo, ERC y la CUP mantienen que, llegado el momento, las urnas deberán ser puestas igualmente. A diferencia de lo sucedido hace un mes, con la consulta original, el Gobierno ha dilatado más los plazo del recurso, lo que aproxima la suspensión a la fecha mágica del 9-N. Quizá demasiado tarde para sofocar una efervescencia electoral que avivan las propias Assemblea Nacional y Òmnium con su campaña Ara és l'hora.