La Audiencia de Palma confirma que Matas debe entrar en prisión

Jaume Matas debe ingresar en prisión para cumplir una pena de 9 meses por un delito de tráfico de influencias en la contratación irregular del periodista que le escribía los discursos, Antonio Alemany. Así lo ha determinado la Audiencia Provincial de Palma, que ha desestimado sustuir la condena por el pago de una multa de 12.000 euros, como planteó el expresidente balear en un recurso. La pena de 9 meses de prisión fue acordada por el <strong>Tribunal Supremo</strong> (TS), que rebajó una condena inicial de seis años impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de <strong>Baleares</strong>. Sin embargo, Matas confía en eludir la cárcel porque ha solicitado ya el indulto al Gobierno, según ha confirmado su abogada a la agencia Efe.

En un auto de 29 folios, la Audiencia de Palma reitera que el no ingreso en prisión para penados con menos de dos años de cárcel no es automático, sino una potestad de los tribunales de justicia. En este caso, para denegarle la gracia de la sustitución por una multa han valorado la "peligrosidad" de los delitos y conducta de Matas. "Estamos ante un delito cometido dentro de las estructuras de poder que las sociedades civilizadas y democráticas tratan de combatir. El peligro de este tipo de acciones es innegable", sostiene el tribunal presidido por la magistrada Francisca Ramis, que también ha tenido en cuenta los procesos pendientes y la falta de arrepentimiento de Matas, que la semana pasada fue condenado en otra causa por cohecho.

Alemany, en la calle

Una vez que se le comunique el auto, el expresidente balear tendría cinco días para ingresar en prisión. No obstante, la defensa de Matas confía en que este no vaya a la cárcel, ya que ha pedido el indulto, según ha explicado su abogada, Pilar Gómez Pavón. El criterio habitual de las salas penales es aceptar la suspensión de los ingresos en prisión cuando las penas son de menos de tres años, en tanto se tramita el indulto. De hecho, Alemany, que está condenado por esta misma causa, sigue en la calle porque se tramita su indulto.

El Govern balear tampoco le ha reclamado los 146.000 euros que debe devolver a las arcas públicas porque no encuentra su domicilio, situado a pocos metros del Parlament balear.