La Generalitat no sabe cuándo podrá pagar a sus proveedores
La Generalitat no sabe cuándo podrá pagar a sus proveedores las deudas contraídas este año, según ha declarado este miércoles Francesc Homs, portavoz del Govern, al analizar los graves tensiones de tesorería de la Generalitat causadas por los 1.700 millones de euros que dejará de percibir este año del estatal Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Homs ha declarado esta mañana a Catalunya Ràdio y a TV-3 que el Govern se siente engañado por el Ejecutivo español y se ha quejado de que este no comunicó a la Generalitat hasta el pasado viernes que los proveedores de la Administración no podrían cobrar "dentro de los plazos previstos" este año.
El 'conseller' de Presidència no ha podido precisar cuándo podrán cobrar los afectados --las empresas y sus correspondientes asalariados-- y que el Gobierno español "especula" con que pueda pagar en "los meses de marzo o mayo" en función del acreedor y el sector. "No podemos dar un plazo exacto. Hay un gran nivel de incertidumbre que, naturalmente, no ayuda en nada a crear un clima de confianza, que es básico para la recuperación de la economía real", ha explicado Homs.
En sus declaraciones de este miércoles a los medios de comunicación públicos, Homs ha vuelto a glosar los incumplimientos financieros e inversores del Gobierno español, que la Generalitat cifra en 9.375 millones de euros. De estos, la mayor porción corresponde a los más de 5.740 millones de deuda del Estado en inversiones en infraestructuras.
Ante los "incumplimientos" del Gobierno español de leyes y sentencias del Tribunal Constitucional, el Ejecutivo de Artur Mas intentarán construir un "frente común" con otras comunidades autónomas que sufren estas "deslealtades", pero que no se atreven a denunciarlo públicamente, para intentar encontrar soluciones, ha asegurado Homs, que remató señalando a los populares: "Piden que se cumpla la Constitución y ellos son los primeros en incumplirla".
Según el portavoz del Govern, la 'ley Wert' y el trato que se desea para la lengua catalana es un ejemplo de que el Gobierno de Mariano Rajoy es "más desleal con Catalunya que con otras comunidades autónomas".
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