El TC elige al conservador Pérez de los Cobos como presidente

El renovado Tribunal Constitucional cumplió ayer las quinielas y eligió por unanimidad como presidente al conservador Francisco Pérez de los Cobos y como vicepresidenta a la progresista Adela Asúa. Ambos son catedráticos y fueron nombrados magistrados del alto tribunal por el Senado a finales del 2010. Sus mandatos vencen en el 2016.

Los magistrados Juan Antonio Xiol y Enrique López fueron los encargados de proponer ambas candidaturas, a las que también podrían haber optado Francisco José Hernando, de 80 años de edad, y Luis Ortega, ya que igual que sus compañeros fueron designados miembros del Constitucional por la Cámara alta en el 2010. Sin embargo, Hernando optó por renunciar a la presidencia por motivos personales. Este juez ya presidió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo casi siete años, durante el Gobierno de José María Aznar.

Con las designaciones de ayer se cumplió una norma no escrita de este tribunal: repartirse estos cargos entre los dos bloques, el conservador y el progresista, que conforman sus magistrados. Sin embargo, ahora, tras la designación de cuatro nuevos jueces por el Gobierno y el CGPJ, el bloque conservador goza de una cómoda mayoría de siete votos frente a cinco que va a resultar decisiva en temas tan controvertidos como la ley del aborto o la declaración soberanista del Parlament.

PONENTE DE LA CONSULTA/ Precisamente, la nueva vicepresidenta es la ponente del recurso presentado por el Gobierno contra el texto de la Cámara catalana. Y este es uno de los primeros asuntos que puede comenzar a debatir el recién renovado Constitucional. En principio, el alto tribunal debería comunicar antes del próximo 8 de agosto si mantiene o levanta la suspensión de la declaración, ya que en esta fecha se cumplen cinco meses desde que admitió a trámite el recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. No obstante, otras fuentes apuntan a que este plazo se puede prorrogar hastaa octubre, ya que el auto de suspensión se dictó en mayo.

Otra de las cuestiones que están pendientes es el recurso del caso Atutxa, en el que deben establecerse los límites de las acciones populares.