Aznar premió la "evolución" positiva del etarra que luego mató a un edil
A tumba abierta. La guerra sobre la política penitenciaria que libran socialistas y populares, en puertas de la manifestación del PP contra la excarcelación del etarra Iñaki de Juana, está sacando a la luz datos hasta ahora desconocidos sobre el trato recibido por los presos de ETA. La exhumación de los archivos del Ministerio del Interior ha permitido desenterrar el informe de 1997 con el que el Gobierno de José María Aznar justificó el acercamiento a Euskadi del etarra Iñaki Bilbao como premio a su "evolución" positiva y a su desmarque de ETA. Bilbao, liberado tres años después, asesinó en el 2002 al edil socialista Juan Priede.
Algo debió fallar en la dirección general de Instituciones Penitenciarias, con Jaime Mayor Oreja al frente del Ministerio del Interior, el 8 de diciembre de 1997. En plena ofensiva etarra --aún ni siquiera se sospechaba que la banda decretaría una tregua nueve meses más tarde, y solo habían transcurrido cinco desde el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco--, Interior decidió añadir otros 15 miembros de ETA a la lista de 45 que ya había acercado al País Vasco. Y entre ellos incluyó a Iñaki Bilbao Goikoetxea, condenado en 1983 a 52 años de prisión por diferentes delitos terroristas.
RUPTURA CON ETA
En un comunicado, el Gobierno justificó el traslado de estos 15 etarras aduciendo dos motivos: la "individualización del tratamiento" a los presos, destinado a tutelar "el derecho de los internos del colectivos terrorista a desmarcarse, si lo desean, de los dictados" de ETA; y el "acercamiento individualizado" en función de "la evolución del interno, puesta de manifiesto en el rechazo a los postulados de la banda terrorista y el abandono de los planteamientos que lo llevaran a delinquir". En pocas palabras, el Ejecutivo sostenía que todos estos reclusos, incluido Bilbao, habían roto con ETA y rechazaban la violencia.
Pero ese "tratamiento individualizado" soslayaba un dato relevante: que solo cinco meses antes, el 17 de julio, Bilbao había agredido a un preso común de la cárcel de Melilla por colgar una foto con crespón negro de Blanco, el concejal del PP en Ermua asesinado por ETA tras 48 horas de angustioso cautiverio. Pese a esta muestra de adhesión a la banda, que le costó otros 11 días de condena, el etarra fue traslado en diciembre de 1997 de la cárcel de Melilla a la de Almería.
Su comportamiento en el nuevo destino tampoco mejoró. En diferentes ocasiones, según fuentes penitenciarias, se encaró y amenazó a los funcionarios del centro, que para evitar represalias no presentaron denuncia formal, pero sí informaron a sus superiores. En todo caso, la actitud violenta de Bilbao tampoco se tuvo en cuenta el 7 de septiembre de 1999, cuando nuevamente fue premiado con otro acercamiento a Euskadi, esta vez a Ocaña (Toledo). Las que sí habían cambiado eran las circunstancias políticas.
ETA llevaba un año en tregua, pero empezaba a dar señales de que se disponía a volver a atentar. Tras la reunión que los emisarios de Aznar habían celebrado con la banda en Zurich, en mayo de ese año, la cúpula etarra había comunicado al Ejecutivo que no habría más contactos, y el presidente inició una estrategia de apaciguamiento que se plasmó en el traslado de 105 presos terroristas a cárceles vascas o próximas a Euskadi. Entre ellos, Bilbao.
"CONDUCTA NORMALIZADA"
El departamento de Mayor Oreja basó esta medida en que los internos habían cumplido "una parte importante de la condena" --16 años de una pena de 52, en el caso de Bilbao-- y presentaban "una conducta normalizada". El caso es que, omitiendo sus antecedentes, el Gobierno lo acercó algo más al País Vasco.
Pese a que el PP siempre resaltó el carácter "reversible" de tales traslados, ni uno solo de estos etarras fueran alejados de Euskadi en el 2000, cuando ETA volvió a matar. De hecho, Bilbao recobró la libertad el 28 de septiembre de ese año porque, como otros 63 etarras con graves condenas, Interior le permitió redimir buena parte de su condena. Pero el benevolente trato recibido no le movió a reinsertarse, y el 5 de marzo del 2002 asesinó a Priede, concejal socialista de Orio (Guipúzcoa). Ahora, ya sin beneficio alguno, cumple una condena de 45 años de cárcel.
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