El Parlament busca dar cobertura legal a las sanciones del protocolo contra el acoso

El Parlament tiñe esta semana sus mensajes institucionales de color lila por el 8-M con una cuestión candente entre manos: la de valorar si se revisa o se introducen cambios en su protocolo contra el acoso y si es necesario dotarlo de una mayor seguridad jurídica incluyéndolo como anexo al reglamento. El debate está abierto de par en par desde las dos denuncias que presentaron por acoso por razón de género -que no sexual- dentro del grupo de Junts las diputadas Cristina Casol -ahora en el Grupo Mixto- y la secretaria segunda de la Mesa, Aurora Madaula, y que la dirección de su partido niega y atribuye a discrepancias políticas.

Los letrados del Parlament rechazan suspender el protocolo contra el acoso mientras lo revisan

En el primero de los casos, el informe elaborado por la empresa externa que se encarga de hacer el análisis consideró no acreditados los hechos denunciados, pese a detectar "machismo", y Junts acabó expulsando a Casol de su grupo. En referencia a Madaula, por ahora no hay resolución. La dirección de los posconvergentes está intentando pactar con ella para evitar una nueva crisis, pero las posturas, hasta el momento, están alejadas.

La aplicación de sanciones

Sin embargo, estos casos han abierto la caja de pandora sobre el funcionamiento del protocolo, que a instancias de la Mesa y de la presidenta del Parlament, Anna Erra, está siendo analizado por los letrados. En un primer informe rechazaron suspenderlo durante su revisión, aunque ya apuntaron que ven "inconstitucionales" las sanciones previstas -en caso de probarse los hechos denunciados- y dejaron caer que una solución jurídica posible podía ser incorporar el acoso al régimen disciplinario de los diputados o bien que el protocolo se incorpore como anexo al reglamento, que tiene rango de ley.

La solución pasaría por incorporar el acoso al régimen disciplinario o que el protocolo se incorpore como anexo al reglamento, que tiene rango de ley

En estos momentos, los juristas están trabajando más pausadamente en una extensa propuesta, pero hay grupos que ven con buenos ojos esta vía porque permitiría resolver el asunto antes de acabar la legislatura al margen de la reforma del reglamento que ya está en marcha y que es un procedimiento más largo y costoso. Otros, sin embargo, no avalan que se afronten cambios 'ad hoc' tras activarse el protocolo por dos casos en Junts y consideran que es suficientemente robusto, además de recordar que se aprobó hace solo dos años con la previsión de revisarse cada cuatro.

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El PSC sí defiende que debe ser dotado de una mayor seguridad jurídica. "Se aprobó por Mesa después de ser trabajado por el Grup d'Equitat de Gènere, pero no tiene rango de ley, es interno", explican fuentes socialistas, que apuntan que las medidas sancionadoras sobre cargos electos o tienen este rango o son "imposibles de aplicar", por lo que hay que hacer modificaciones para poderlo usar "con todas sus consecuencias". Se trata, insisten, de dar "más garantías" a denunciante y denunciado y de, en caso de determinar una culpabilidad, que haya un mecanismo incuestionable para sancionar. Una visión similar a la que tiene Junts, que ha declinado pronunciarse ahora sobre la cuestión, ante la incomodidad interna que les generan los dos casos recientes.

También en Ciutadans son partidarios de seguir las indicaciones de los letrados y apuntan que el régimen sancionador se tendría que "afinar mucho más" porque creen que puede haber "conflictos de intereses" o "arbitrariedades" al ser la Mesa -integrada por miembros de partidos políticos- sobre quién recae la decisión. "No se puede ser arte y parte", apunta la diputada Anna Grau, que apuesta por derivar esta decisión a organismos externos. La CUP también es partidaria de incluir el protocolo dentro del reglamento. En su caso, para asegurar la "máxima efectividad del protocolo" y garantizar la aplicación del "régimen sancionador", ya que consideran que el actual protocolo tiene "deficiencias de comprobación y ejecución por la potestad de la Mesa al ejecutar las eventuales sanciones".

"No desvirtuar" el protocolo

En Esquerra también se muestran abiertos a "modificaciones" y todo lo que sea "mejorar en procedimientos y en seguridad jurídica", pero dejan claro que su límite es que no se "desvirtúe". "Si nos limitamos a una revisión con mirada jurídica se puede poner en riesgo la razón de ser del protocolo", avisan fuentes republicanas, y remarcan que "cualquier modificación" se tiene que hacer a través de la Oficina d'Igualtat y del Grup de Treball d'Equitat de Gènere.

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Justamente, la coordinadora de este grupo, la vicepresidenta de la Cámara Alba Vergés, se expresa en declaraciones a EL PERIÓDICO en un sentido muy similar. Se muestra favorable a "mejorar el encaje" y hasta a incluirlo como anexo al reglamento, si se determina que es la mejor fórmula. Sin embargo, avisa que no puede haber "modificaciones políticas" y que ninguna revisión puede venir de un grupo político ni puede ser 'ad hoc' para un caso concreto. De hecho, considera que hay que "huir" de ello.

En este sentido, valora que en el caso Casol, el protocolo "ha funcionado" y que el actual redactado no tienen ningún problema de "aplicabilidad". "El Parlament tiene un protocolo, se ha podido activar y se ha podido cerrar", afirma, negando que cualquier problema del texto sea imputable al procedimiento.

El riesgo de generar "inseguridad"

Los Comuns, en cambio, argumentan que el hecho de haber sido aprobado por la Mesa del Parlament ya dota al protocolo de seguridad jurídica y advierte de que hay que "estudiar bien" si incorporarlo al reglamento puede provocar más dificultades para modificarlo en el futuro y si, en todo caso, bastaría con que fuera votado por el pleno para reforzarlo si se cree conveniente. "Tiene dos años, es pronto para saber si funciona o no. Lo aprobó el Grup d'Equitat de Gènere, donde están representados todos los grupos y los servicios jurídicos. Antes de cambiarlo tendría que hacerse una revisión minuciosa y no precipitarse", asegura la diputada Susanna Segovia, que también forma parte del Grup d'Equitat de Gènere.

La dirigente defiende que las sanciones no son inconstitucionales y que el proceso de elaboración contó con el aval de los juristas de la institución. "Es sospechoso que se empiece a cuestionar cuando hay dos diputadas de un grupo que denuncian. El protocolo está para defender los derechos de todas las mujeres que trabajamos en el Parlament y cuestionarlo hace un flaco favor a las que lo necesiten", insiste Segovia, que alerta de la "inseguridad" que puede crear que no se garantice la confidencialidad. "Es un tema lo suficientemente serio como para tomarlo a la ligera e intentar desacreditarlo para tapar un problema de gestión de violencia machista por parte de un grupo", lamenta.

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Con todo, la revisión avanza lentamente y sin que ningún grupo esté presionando con vehemencia para forzar la modificación del protocolo, aunque hay una especie de respiración contenida por si la resolución del caso Madaula -que aún podría tardar unas semanas- vuelve a alterar de nuevo la calma de la institución. Todo dependerá del resultado del informe y de si hay pacto o no entre las partes, aunque la voluntad de Junts sea no volver a hacer ruido con esta cuestión.