Políticas de ida y vuelta

Dicen que "rectificar es de sabios", que "más vale tarde que nunca", o que "nunca es tal si la dicha es buena". De acuerdo, pero siempre es preferible no pasarse de la raya de entrada, sobre todo si ya nos habían advertido de lo que iba a ocurrir y, al cabo, hemos debido dar marcha atrás. Se me ocurren muchos ejemplos. Pongo cuatro.

Primero, la obligación, establecida en 2018 por el Ayuntamiento de Barcelona, de reservar el 30% de nuevas construcciones o grandes rehabilitaciones, en parcelas de más de 600 metros cuadrados de techo, a viviendas de protección oficial (VPO) fue censurada de inmediato por economistas de todas las clases como una puñalada a la oferta de nuevas viviendas. Tal cual: en los casi seis años que siguieron, la oferta se desplomó y el ayuntamiento empieza ahora a recular, hablando de flexibilizar la prohibición. Más le habría valido no haberla impuesto de buen principio: con la oferta y la demanda no se juega a ciegas.

Segundo, pregunto a uno de mis hijos, un graduado en Física dedicado profesionalmente a la enseñanza de Ciencias en Bachillerato, sobre qué medidas ayudarían a mejorar la educación en Catalunya y al instante me responde, tajante, con una lista breve que incluye el retorno de las pizarras. Convendría, sostiene, prohibir las pantallas en el aula, incluso para los profesores, salvo en casos tales como la asignatura de tecnología en los centros en los cuales se elija un enfoque en robótica o similar.

Tercero, la promoción del transporte público en Barcelona es perfectamente comprensible, con medidas tan claras -y caras- como la bonificación del 50% para la Tarjeta T-Usual de 30 días. Los desplazamientos laborales en Barcelona generan casi dos millones de viajes diarios, el 30% del total. El Plan de Movilidad Urbana persigue que el 85% de los desplazamientos se realicen en transporte público, a pie o en bicicleta.

Pero hay excesos. Así, el primero de enero de 2028, el 30% de los vehículos con etiqueta B (amarilla), unos 800.000 en Barcelona y en su Área Metropolitana, dejarán de poder circular en ambas y en los municipios de más de 50.000 habitantes. Hay, con todo, una larga lista de excepciones que le dan la vuelta a la prohibición: la policía, los bomberos, las ambulancias o la protección civil; los servicios médicos y funerarios, los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, o las autorizaciones diarias o temporales (como los 24 días de acceso al año gestionados a través del registro metropolitano).

Pero no se ha contemplado una salvedad general que amplíe la moratoria a todos los ciudadanos, a la gente sin más, por, digamos, mil kilómetros anuales en 2028. Sería una etiqueta más, cuyo coste debería incluir los generados por las inspecciones que las autoridades de tráfico decidieran razonablemente imponer.

Y, cuarto, el caso más sonado de reversión, impuesta judicialmente, pero todavía no ejecutada, es el de la calle de Consell de Cent. En 2022 se prohibió a los vehículos privados circular por la calle en línea recta, obligándolos a realizar giros forzosos en los cruces. Varias entidades reclamaron judicialmente contra esta retorcida política y la justicia les dio la razón: una sentencia, de marzo de 2025, del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya confirmó un fallo anterior que había anulado el acuerdo del gobierno municipal por no haber modificado antes el Plan General Metropolitano de Barcelona, como, según los jueces, era preceptivo.

Ocurre, sin embargo, que el coste económico de desmantelar la obra ejecutada y revertir la calle a su estado anterior hace inviable la ejecución de la sentencia, la cual también ha sido recurrida en casación. En todo caso, el despliegue de nuevas supermanzanas en la ciudad se ha detenido y los políticos que nos gobiernan, aprendida la lección, prometen cautela.

La reforma tuvo, por supuesto, bastantes partidarios además de sus ingenuos promotores políticos. Los alquileres comerciales en la calle subieron, y lo mismo ocurrió con los precios de venta de los pisos y locales. Al fin, la denominada pacificación de Consell de Cent tuvo sus beneficiarios. Ahora es una calle de ricos.

Suscríbete para seguir leyendo