Las entidades impulsoras del 30% a vivienda social plantean aumentar la reserva hasta el 40%

Las entidades impulsoras de la medida que obliga a reservar un 30% de vivienda protegida en nuevas promociones o grandes rehabilitaciones se oponen a "cualquier recorte" de la norma, cuya modificación está prevista que se tramite este año. Piden no dar "ni un paso atrás" y quieren que la modificación sea para "fortalecer" la medida. Es más, plantean que la reserva sea obligatoriamente para hacer pisos de alquiler y proponen incrementarla hasta el 40%.

En una rueda de prensa este miércoles, Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres, ha asegurado que es "lamentable" que el gobierno de Jaume Collboni quiera "desmantelar" la medida y "hacerle un favor a la patronal inmobiliaria".

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Según las entidades promotoras, las dos vías del PSC para "desmantelar" la medida es excluir las grandes rehabilitaciones y trasladar el 30% a suelo público, que en la práctica, han dicho, significa trasladar la vivienda protegida a la periferia. "No se trata de una modificación para mejorar el 30% sino un recorte en toda regla para que no funcione", ha señalado Arcarazo.

De 3.900 edificios a 95

Las entidades impulsoras de la medida han hecho estas afirmaciones después de reunirse con el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, los grupos de BComú y ERC y la presidenta del Observatori Metropolità de l'Habitatge y presidenta de Hàbitat 3, Carme Trilla, y haber conocido más en detalle las propuestas para modificar el 30%.

De acuerdo con las entidades impulsoras, ahora mismo la medida del 30% puede afectar a 3.900 edificios, que son fincas verticales sensibles a sufrir grandes rehabilitaciones. Sin embargo, si se excluyen las grandes rehabilitaciones sólo se verían afectadas 95. "¿Collboni está dispuesto a dejar perder Barcelona?", ha reflexionado Arcarazo, que ha advertido que si se echa atrás la medida hay en riesgo otras 4.000 casas Orsola.

Temen que se ague la medida

Ante esto y promesas que creen que "aguarán" la medida, piden dejarla funcionar. Además, reclaman inspecciones mucho más severas para evitar el fraude y aumentar el presupuesto para adquirir inmuebles que salgan a la venta y ganar más vivienda pública.

Por todo ello, la PAH, el Sindicat de Llogateres, el ABDT, la FAVB, la Sectorial d'Habitatge Cooperatiu de la XES y el Observatori DESC exigen que no se recorte el 30% y piden salir el sábado a la calle a manifestarse, también, para defender esta medida. Según Arcarazo, ésta es la única medida que garantiza que pueda haber vivienda protegida en barrios como el Eixample, Gràcia o Sant Antoni, por ejemplo.