Movida de patronos y diálogo social

Pimec, la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa y los autónomos, ha logrado esta semana una de sus grandes aspiraciones: entrar en el Consejo Económico y Social (CES), el órgano consultivo del que forman parte los agentes sociales en España. Eso supone abrir la puerta a esta organización a su participación futura en el diálogo social a escala estatal.

El Gobierno lo ha hecho mediante una reforma parcial de la norma que regula este organismo e insta a modificar su reglamento interno para dar cabida a las organizaciones territoriales más representativas. Pimec consigue, de esta forma, una de las aspiraciones que su presidente, Antoni Cañete, concreta en el lema que "las pymes estén en el puente de mando", es decir, donde se toman las decisiones que les afectan.

Y eso no ha sentado nada bien en la gran patronal CEOE y su asociada Cepyme, que cuentan con la representación patronal en exclusiva en el CES y deberá ceder sillas en ese organismo. No es lo que sucede en la parte sindical, ya que además de UGT y CCOO están las centrales gallega CIG; y vasca, ELA.

CEOE ve esta medida, que les ha pillado por sorpresa, como una agresión y amenaza con la ruptura total con el Gobierno de cara a un diálogo social del que ya estaban ausentes. A juicio de la organización presidida por Antonio Garamendi, el Ejecutivo lo que hace es introducir a "actores afines a sus intereses" .

De esta manera acuñan para Pimec, que promovió la patronal estatal Conpymes para hacer de contrapeso de CEOE-Cepyme y ganar voz a nivel estatal, el sello de entidad 'amiga' del Gobierno de coalición de los socialistas y Sumar. Y recupera del baúl de los recuerdos el apoyo público que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dio al nacimiento de Conpymes.

Y es que en el fondo subyace un conflicto por el control del diálogo social por parte de la CEOE. No parece muy lógico, en todo caso, que esta ruptura de un cierto monopolio existente hasta ahora, se emplee como argumento o incluso como excusa para poner en riesgo el diálogo social.

Suscríbete para seguir leyendo