Fragilidades del Pacto Verde europeo

El aplazamiento 'in extremis' de la votación de una diluida ley de restauración de la naturaleza esta semana en el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE), porque habría sido rechazada por falta del mínimo de votos requeridos para aprobarla, muestra las frágiles e irrealistas bases sobre las que se sustenta el Pacto Verde europeo. El modelo diseñado por la Comisión Europea –y que han ido aprobando el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo– descarga los costes de la transición energética y del Pacto Verde sobre los ciudadanos, los agricultores y las industrias, con la ilusoria expectativa de que los sobrecostes ocultados serían aceptados sin protestas en aras de frenar el cambio climático. Ese irrealismo olvida el contexto de creciente desigualdad en la UE, perdida de poder adquisitivo, debilidad económica y enorme competencia de Estados Unidos, China y otras potencias que no escatiman las subvenciones industriales. Las ayudas anunciadas en la UE son escasas, más teóricas que reales y de cobro incierto. La subvención por comprar un coche eléctrico tarda dos años en cobrarse en España y en Alemania se ha suprimido, por ejemplo. Las ayudas por instalar placas solares de autoconsumo también tardan dos años en cobrarse con muchas condiciones en España y en Francia la partida más recortada por el ajuste presupuestario de 2024 ha sido la transición verde.

El modelo de la Comisión Europea se basa en que las astronómicas inversiones anuales requeridas surjan del sector privado a golpe legislativo de prohibiciones y restricciones sin apoyo adecuado, pese a que el coste inversor se han disparado por los altos tipos de interés y de que el crecimiento económico medio anual de la UE es cada década inferior al de la precedente. Los datos del Banco Mundial muestran que el producto interior bruto (PIB) per cápita de la UE ha crecido desde 2008 hasta 2022 el 1% en dólares corrientes, mientras que el de Estados Unidos ha crecido el 57%.

La inversión anual requerida en la UE para alcanzar los objetivos del Pacto Verde debe ascender como mínimo a 813.000 millones de euros (5,1% del PIB), calcula el Institute for Climate Economics, pero la UE sólo invierte la mitad, lo que genera un déficit inversor anual de 406.000 millones. En febrero, el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi advirtió a los Veintisiete que la UE sufre un déficit anual de 500.000 millones en inversión global (tecnología, industria, transición energética) respecto a Estados Unidos. El aviso parece haber caído en saco roto, ya que un mes más tarde los Veintisiete respaldaron en el Consejo Europeo de Bruselas del 21 y 22 de marzo la reintroducida política de austeridad.

El Partido Popular Europeo (PPE) y la ultraderecha intentan capitalizar electoralmente el malestar ciudadano, agrario e industrial por los sobrecostes y restricciones del Pacto Verde. La ofensiva de los populares y la ultraderecha obligó a diluir en el Parlamento Europeo el texto de la ley de restauración de la naturaleza, que carece de ayudas adecuadas. Pese a que la Comisión Europea ha propuesto apresuradamente medidas para apaciguar la revuelta agraria, la presidencia semestral belga de la UE constató el 25 de marzo que faltaban votos para lograr la mayoría mínima requerida para aprobar esa versión diluida de la ley de restauración de la naturaleza. Austria, Bélgica, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Finlandia y Suecia iban a votar en contra o abstenerse. Por ello, la presidencia belga, antes de que la ley quedara rechazada, retiró el punto del orden del día y planea volver a presentarla a votación el 17 de junio, tras las elecciones europeas, en el caso de que algún estado cambie su posición.

La insuficiente inversión pública prevista, las limitadas ayudas reales y la ocultación de los sobrecostes reales de la transición energética para los ciudadanos, el sector agrario y la industria, tanto monetarios como en pérdidas de empleo y deslocalizaciones, están erosionando el respaldo social al Pacto Verde. Las protestas aumentarán cuando entren en vigor nuevas normas ya aprobadas, que encarecerán el transporte privado y la calefacción doméstica y que exigirán adaptaciones energéticas de 40.000 euros por piso. Los retrasos y dificultades en instaurar en las ciudades de la UE las restricciones automovilísticas de las zonas de bajas emisiones ejemplifica las consecuencias de la falta de ayudas adecuadas para comprar coches nuevos, sin olvidar que la UE sólo ha logrado una tregua agraria.  

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