Otro gobierno sin política (real) de vivienda

España no tiene política de vivienda desde la llegada de la democracia. Como en el caso de las relaciones laborales, el punto de partida era el paternalismo franquista: pisos de renta limitada para los propietarios a cambio de permitirles la especulación con los terrenos y la baja calidad en los materiales. A partir de ahí, el decreto Boyer liberalizó el precio de los alquileres para adaptarnos a la UE a cambio de hiperproteger a los inquilinos morosos. Y las comunidades autónomas fueron recibiendo las competencias urbanísticas y de promoción de viviendas sociales mientras los ayuntamientos seguían controlando, y financiándose, con el dominio del suelo. Los años de Aznar sirvieron solo para cambiar los principios básicos del derecho urbanístico: todo suelo es urbanizable si no se protege y el promotor de la recalificación de un terreno puede no ser el constructor. Ello, sumado a los bajos tipos de interés, generó la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008 y a la que Zapatero respondió creando un ministerio sin competencias. Como en tantas otras cosas, Rajoy no hizo casi nada más que comprar a los bancos los pisos que no querían y así mantener en parte los precios a costa del Estado. El resultado es que seguimos a la cola de Europa en el mercado de alquiler, no hay apenas vivienda de protección oficial donde se necesita y en las zonas tensionadas por el turismo o por la demografía los pisos -de alquiler o de propiedad- no están al alcance de los salarios devaluados tras la crisis del 2008 y ahora lastrados por la subida de los tipos de interés. 

Como en tantas otras cosas, Sánchez no ha hecho más que dar tumbos en este tema. Por el camino han quedado medidas que no han servido para nada, como la reserva del 30% del suelo de las promociones privadas para viviendas sociales que en Barcelona solo ha servido para paralizar el mercado o los límites al alquiler que bordean en su aplicación el derecho a la propiedad y la libertad de mercado. Ahora, fiel a un pomposo anuncio en la campaña electoral del 23J y en plena campaña electoral gallega, Sánchez anuncia una línea de avales del ICO para la compra de viviendas para jóvenes y familias vulnerables. Se aprueban 2.500 millones de euros y se exhibe que alcanzarán a 50.000 beneficiarios. Tocan a 50.000 euros de aval por barba. De manera que según hemos calculado no se puede aspirar más que a un piso de un precio máximo de 160.000 euros. Vaya, que de la misma manera que Zapatero no sabía lo que valía un café, Sánchez no sabe lo que vale un piso allí donde no están al alcance de los jóvenes. Seguimos sin política de vivienda, un gobierno más.

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