Presunta coacción

A un paso del suplicatorio

Está próximo a producirse un auténtico terremoto en la política española si el Tribunal Supremo, que lleva meses estudiando la documentadísima denuncia presentada por el fundador del parque temático Open Camp contra Asens y Pisarello

La fiscalía se opone a que el Supremo investigue a Pisarello y Asens por la quiebra del proyecto Open Camp

Carrera de 100 metros en Open Camp.

Carrera de 100 metros en Open Camp. / JORDI COTRINA

Joaquim Coll

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Retengan el nombre de Paco Medina, fundador del parque temático Open Camp, porque en las próximas semanas se hablará mucho de la querella contra Gerardo Pisarello, Eloi Badia y Jaume Asens, figuras relevantes de los Comuns y Sumar. Está próximo a producirse un auténtico terremoto en la política española si el Tribunal Supremo, que lleva meses estudiando la documentadísima denuncia presentada por Medina en julio pasado, solicita el suplicatorio al Congreso contra los dos primeros, que son diputados, por coacción, extorsión, falsedad, fraude, prevaricación, cohecho y financiación ilegal. El asunto está en manos de la Sala Segunda de lo Penal, del juez Manuel Marchena, y sería la primera vez que se aplica la directiva europea de protección del denunciante de delitos de corrupción frente a las represalias de los políticos querellados.

El suplicatorio no prefigura una condena, pero la responsabilidad de la quiebra de este parque deportivo en Montjuïc no fue en ningún caso de sus promotores, como sentenció el Juzgado Mercantil en 2018, sino de “causas exógenas en las que han intervenido distintas personas físicas y jurídicas”. En otras palabras, fueron las autoridades municipales, bajo la alcaldía de Ada Colau, quienes durante más de tres años cometieron los delitos denunciados para forzar la ruina comercial y la insolvencia definitiva del parque. Pisarello, Asens y Badia llevaron a cabo el programa de los Comuns de paralización de una serie de proyectos de colaboración público/privada que denostaban ideológicamente como contrarios “al bien común”. Y Open Camp, al igual que otras iniciativas, fue víctima de un hostigamiento brutal por parte de esos responsables políticos para impedir su viabilidad, causando la quiebra, el despido de 287 trabajadores y a que proveedores e inversores perdiesen más de 42 millones de euros. El relato de los hechos que documenta la querella es alucinante, y solo era cuestión de tiempo que estallase la bomba. Asens, que renunció inesperadamente a encabezar la lista al Congreso y que sonaba como ministrable, está desaparecido en combate. ¿Casualidad?