La fiscalía archiva la investigación a Colau por la subvención a entidades

La Fiscalía de Barcelona ha archivado la investigación que abrió a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a los diputados del Congreso y exconcejales Jaume Asens y Gerardo Pisarello, por subvencionar con 3,4 millones de euros a entidades con las que colaboraron antes de dar el salto a la política.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, tras las diligencias practicadas el ministerio público ha dado carpetazo a la investigación, al no hallar indicios de delito en las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona a entidades como el Observatorio DESC o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Las diligencias las abrió la Fiscalía de Barcelona a raíz de una denuncia presentada por Abogados Catalanes por la Constitución que se dirigía también contra las exconcejales de Barcelona en Comú Gala Pin y Laia Ortiz, la asesora municipal de Vivienda Vanesa Valiño, la teniente de alcalde Laura Pérez y la directora del Observatorio DESC, Irene Escorihuela.

La denuncia acusaba a Colau y a su equipo de los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales y tráfico de influencias por la "reiterada y presuntamente injustificada" concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento al Observatorio DESC, la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) o Ingenieros sin Fronteras (ESF), a las que calificaba de afines.

Ampliación de la denuncia

Posteriormente, la entidad amplió su denuncia contra dos aforados: el portavoz de los Comunes en el Congreso, Jaume Asens, y el miembro de la Mesa Gerardo Pisarello, quienes fueron miembros del equipo de gobierno de Colau en el anterior mandato municipal.

La denuncia señalaba que los tres dirigentes de Barcelona en Comú trabajaron o colaboraron hasta su salto en la política con el Observatorio DESC, que había recibido 1,2 millones de euros por parte del consistorio barcelonés. De hecho, en su ampliación, la asociación mantenía que los diputados de Podemos, junto a Colau y el resto de denunciados podrían haber incurrido en un delito de organización criminal.

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Los denunciantes sostenían además de que las subvenciones a estas entidades se concedieron de forma irregular, puesto que fueron otorgadas para fines sobre los cuales el Ayuntamiento de Barcelona carece "manifiestamente" de competencias. Según el colectivo de abogados, las ayudas fueron directas para esquivar una licitación abierta o un concurso para otorgarlas, con la justificación de su carácter excepcional. "Solo se puede interpretar, presuntamente, como una forma encubierta de superar la libre concurrencia competitiva otras entidades", recalcaba la denuncia.

De las subvenciones que se han investigado, corresponden 1.201.892,66 euros al Observatorio DESC y 645.692,65 euros a Ingenieros sin Fronteras. La última partida, por un importe de 324.600 euros, fue concedida en enero de este año de manera “excepcional”, mediante una aparente “designación directa”, amparándose en la renovación de un convenio bianual cuestionada por la intervención municipal, según el colectivo de abogados. El motivo: "evitar los controles propios de una licitación abierta".