3,4 millones

El fiscal abre una investigación a Colau por las subvenciones a oenegés afines

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

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J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

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El fiscal ha abierto este martes unas diligencias de investigación a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a otros miembros y excomponentes de su equipo de gobierno por las subvenciones a entidades sociales afines. Lo habitual en estos casos es que de entrada el ministerio público reclame al Ayuntamiento de la capital catalana los expedientes de las partidas otorgadas para analizarlos y definir si se tramitaron de corma correcta.

Estas pesquisas se han incoado a raíz de la denuncia presentada por la asociación de Abogados Catalanes por la Constitución por subvenciones que alcanzan los 3,4 millones de euros otorgadas a varias entidades afines. Según la denuncia, la edil y el resto de denunciados "han mantenido estrechos lazos personales y profesionales con anterioridad a ocupar los cargos" públicos con los beneficiados. Entre esta asociaciones figuran Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) e Ingenieros sin Fronteras (ESF). La denuncia ha sido interpuesta por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Precisamente este martes la alcaldesa de Barcelona ha defendido que las subvenciones otorgadas a entidades sociales por parte del ayuntamiento cumple toda la normativa. En declaraciones a RAC-1 se mostraba convencida de que no había ninguna causa". "Si en algún momento se nos contacta colaboraremos a dar toda la información porque no tenemos nada a esconder", ha dicho a RAC-1.

Según Colau, es "indiscutible" que estas entidades hacen una tarea "imprescindible" en la ciudad. De hecho, ha remarcado que el convenio de colaboración con las oenegés que señala la denuncia viene del mandato de Xavier Trias al Ayuntamiento de Barcelona.

Fraude y tráfico de influencias

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La denuncia incluye acusaciones de prevaricación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y malversación. Según el colectivo de abogados que ha llevado el asunto a la fiscalía, las subvenciones fueron directas para esquivar una licitación abierta o un concurso para otorgarlas, con la justificación de su carácter excepcional. "Solo se puede interpretar, presuntamente, como una forma encubierta de superar la libre concurrencia competitiva otras entidades", dice la denuncia.

Los Abogados Catalanes por la Constitución señalan que los lazos de los denunciados con estas entidades han supuesto la financiación de estas asociaciones, que en los últimos años han recibido subvenciones por valor de 3.433.621 euros. De esta cantidad, corresponden 1.201.892,66 euros al Observatorio DESC y 645.692,65 euros a Ingenieros sin Fronteras. La última subvención, por un importe de 324.600 euros, fue concedida en enero de este año de manera “excepcional”, mediante una aparente “designación directa”, amparándose en la renovación de un convenio bianual cuestionada por la intervención municipal, según el colectivo de abogados. El motivo: "evitar los controles propios de una licitación abierta". En su opinión, estas partidas se han otorgado para fines sobre los cuales el Ayuntamiento de Barcelona carece "manifiestamente" de competencias.