La gran impunidad

Uno de los aspectos más decepcionantes de la sociedad catalana es su incapacidad para defender los intereses colectivos, más allá de las etiquetas ideológicas. Se puede militar en cualquier de los ismos que van del independentismo más irredento al españolismo más inflexible, pero la divergencia ideológica no debería impedir que se defendieran conjuntamente los intereses catalanes. Cuestiones como infraestructuras, fiscalidad, financiación, etcétera, deberían ser un caballo de batalla común, y no las armas arrojadizas que unos lanzan a los otros. Defender la independencia es, sin duda, cosa de los independentistas. Defender los intereses de Catalunya debería ser cosa de todos. Pero este no es el caso.

Una comparativa parecida se podría hacer con la defensa de la democracia española y la preocupación por sus miserias. Igual que en el caso catalán, se puede militar en todas las gamas del cromatismo ideológico democrático, desde las conservadoras más integristas hasta las revolucionarias 2.0, dejando lógicamente excluida la extrema derecha, que está fuera de plano. Pero más allá de la batalla por el relato y por el poder, todo el mundo tendría que estar escandalizado cuando se pervierte la democracia en favor de la “razón de Estado”, que siempre es una razón letal. Al final, permitir el uso ilegítimo de las herramientas democráticas ante los conflictos que surgen es el síntoma de una cultura autocrática que tendría que toparse con una reacción política y social muy frontal; no en balde, defender una ideología es cosa de sus seguidores, pero defender la democracia debería ser cosa de todos. Pero, tampoco aquí, es el caso, y el 'procés' lo ha puesto en evidencia de una manera sangrienta.

¿Qué se sabe y qué no de la 'operación Cataluña' y de la implicación de Mariano Rajoy?

La reflexión viene al pelo de las nuevas informaciones que han surgido estos días a raíz del gran escándalo de la 'Operación Cataluña', del cual se han hecho públicos nuevos audios e informaciones. Con toda la información que ya se conoce, quedan claras algunas evidencias. La primera, que desde la Diada de 2012 se montó un operativo policial que operaba al margen de los controles y de la ley, que se dedicó a la guerra sucia contra los líderes catalanes. Este operativo se coordinaba desde el ministerio del Interior de Fernández Díaz, que informaba puntualmente al presidente Rajoy. El objetivo del operativo era buscar, preparar y/o inventar falsedades para destruir los principales líderes del 'procés'. Las falsedades tenían, a su vez, un doble objetivo: filtrarlas a la prensa amiga para crear un clima de corrupción y descrédito político, incluso en plenas campañas electorales; e intentar crear, forzar y/o manipular procesos judiciales que, o bien estaban abiertos, o se abrían expresamente. Y, finalmente, todo el material servía para las acusaciones particulares de la extrema derecha.

Todo este operativo se movía en las aguas tenebrosas de las alcantarillas, pero desde los despachos oficiales, y las consecuencias fueron terribles: desde conseguir modificar resultados electorales (el caso Trias, el más flagrante, con la aquiescencia de la señora Colau, que aprovechó las mentiras), a destruir patrimonios bancarios (caso familia Cierco y BPA) o abrir procesos judiciales fraudulentos durante años, hasta dañar seriamente el prestigio de muchos líderes democráticos. Y todo se hizo para intentar destruir una reivindicación democrática.

Ahora que las alcantarillas revientan, Pedro Sánchez dice que quiere llegar hasta el final de la 'Operación Cataluña'. Si esto es posible, lo será en la comisión parlamentaria que Junts le ha arrancado en el acuerdo. Pero durante todo el tiempo que se denunció esta destrucción de derechos democráticos de líderes catalanes, los perseguidores disfrutaron de total impunidad porque recibieron el apoyo explícito de todos los agentes que tendrían que haberse indignado: la prensa, que facilitó las mentiras; los políticos españoles como el mismo PSOE, que dejó hacer sin pudor; y los jueces, tanto los que jugaron la partida, como los que desestimaron las querellas de los líderes catalanes atacados, consolidando la impunidad de la vergüenza. En nombre de la unidad de España el PP se permitió violentar, agredir y vulnerar la democracia española, y todo el mundo miró hacia otro lado. La impunidad de unos, gracias a la complicidad de los otros.