Un instrumento político llamado SEPI

Desde Noruega hasta los países árabes, China, Singapur y los estados americanos, entre los que destaca el de Alaska. Se les llama fondos soberanos o, simplemente, fondos de inversión públicos. Tiene participaciones financieras o, directamente, industriales, que pueden ser mayoritarias. Sus recursos proceden de distintas vías: desde los impuestos hasta los derivados de las ventas de materias primas, especialmente petróleo y gas. La transparencia que ofrecen va adecuada al país. 

El fondo noruego, que maneja activos superiores al billón de euros, es el ejemplo de buen gobierno, con un consejo de once personas formado por representantes del Banco Central de aquel país, del Ministerio de Economía y personalidades independientes de la empresa y la universidad. Sus inversiones son escrutadas trimestralmente y expuestas en su portal.  

En España son muy diversos los instrumentos que las administraciones, a nivel estatal, autonómico y local, usan para participar en empresas. En el caso del Estado, el desorden organizativo y la falta de claridad queda al descubierto solo con bucear en el registro de cuentas del sector público, dependiente del Ministerio de Hacienda. El laberinto de sociedades pone al descubierto la burocracia y opacidad del sistema.

Una de ellas, la SEPI, heredera del INI franquista, ha vuelto a ponerse de moda tras avanzar, caso insólito, que quiere comprar un 10% de Telefónica como contrapeso a la entrada de la compañía saudí STC. Inversión, alrededor de 2.100 millones a precios actuales de la operadora, que uniría a otro centenar de empresas. Desde el hipódromo de la Zarzuela e Hispasat -ahí acaban de colocar de presidente al astronauta y exministro Pedro Duque- hasta Indra. Las empresas cotizadas en que participa la SEPI tienen un valor bursátil de 7.100 millones.

¿Quién gobierna la SEPI? Su presidenta, Belén Gualda, ascendió por la escalera de la Junta de Andalucía de la mano de la hoy vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien la nombró presidenta de Hispasat -también presidió esta empresa el exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, antes de ser ministro- antes de llevarla al hólding estatal. El consejo de la SEPI lo forman, además de su presidenta y vicepresidente, Bartolomé Lora, trece personas. Todos ellos secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales de entidades públicas.

En pleno debate sobre el buen gobierno y la transparencia empresarial, la SEPI -con ella el entramado de participaciones públicas- es ejemplo de todo lo contrario. Se han convertido en lugares ideales para colocar a profesionales de la política, en casi todas las ocasiones adscritos al partido político de turno que gobierna, lo que, de entrada, imposibilita la imparcialidad en la toma de decisiones. 

Más allá de los efectos que puede suponer la próxima intervención del Estado en Telefónica, quizás es el momento de exigir un nuevo modelo de gobernanza y transparencia a la SEPI y a los otros holdings públicos.