Pagar lo que cuesta el agua

Tras diez años con las tarifas prácticamente congeladas, el agua en el área de Barcelona subirá unos 2,5 euros por vivienda y mes a partir de marzo del 2024. De los cuatro partidos que gobiernan en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la medida ha contado con el apoyo del PSC, Esquerra y Junts y la abstención de Comuns. Durante las últimas semanas, hemos detallado todo lo que ha pasado en esta década y que cimienta el aumento de este año: incremento del coste del agua que suministra ATL, subida de los precios energéticos, episodios severos de sequía que obligan a activar mecanismos excepcionales como las desalinizadoras, deterioro de la red de suministro y endurecimiento de los requisitos de potabilización y de tratamiento de residuos por parte de la UE. Explicado con transparencia y acompañado de las correspondientes medidas fiscales para evitar que el aumento de las tarifas afecte a los hogares más vulnerables, la medida parece de sentido común, a pesar de que el incremento del precio de un servicio esencial siempre sea doloroso.

¿Por qué no se ha subido la tarifa durante esta década? Pues sencillamente porque algunos han querido hacer populismo con el tema de la gestión del agua. El área de Barcelona se abastece gracias a una fórmula de colaboración público-privada que lleva funcionando un siglo y medio y que se ha demostrado eficaz. Pero hay quienes, por pura ideología, han querido cuestionar el modelo sin explicar ni las razones objetivas en las que se amparaban ni siquiera la alternativa que planteaban. ¿Acaso una compañía 100% pública no repercutiría los incrementos en los costes de la energía o los derivados de la sequía? Porque si se pretende financiarlos a través de los impuestos también se puede hacer exactamente igual en el caso de una concesión. ¿Acaso una empresa pública no pagaría intereses por el capital necesario para afrontar las inversiones requeridas? Evidentemente que sí, lo cual repercutiría en un mayor déficit o más endeudamiento.

La colaboración público-privada tiene sentido cuando ofrece eficiencias en la gestión de un servicio esencial. El área de Barcelona dispone en estos momentos de unos equipamientos excepcionales para afrontar el reto de la sequía con técnicas pioneras a nivel mundial como las que se aplican en la reutilización de las aguas residuales. El modelo funciona siempre que las cosas se hagan bien como se ha hecho en el caso de las nuevas tarifas: transparencia, exigencia, ayudas a los más vulnerables y control de la gestión para que no se busquen beneficios inadecuados por parte de los inversores privados. Mejorar lo que ya funciona tiene más sentido que alentar aventuras en terrenos inexplorados. Esa es la lección de lo que ha pasado en esta década. El abastecimiento del agua tiene un coste que hay que conseguir que sea lo más ajustado posible, que garantice la seguridad del suministro, que no deje a nadie atrás y que permita compañías saneadas e innovadoras. El populismo, bajo la apariencia de dar la razón a los ciudadanos, en realidad lo que hace es tratarlos como seres poco inteligentes, incapaces de entender lo que cuestan las cosas hasta dirimir si el precio que les ponen lo consideran justo. Porque igual todavía hubiera sido más asumible una subida gradual en 10 años.