Agua: los cortes de hoy y los de mañana

Gran parte de Catalunya, incluyendo la región metropolitana con sus cinco millones de habitantes, se encuentra a las puertas de la declaración de emergencia por sequía, que tendría un prólogo ya la próxima semana (con una declaración de preemergencia que supondría mayores restricciones del uso del agua) y podría llegar de forma plena, con posibles cortes del suministro doméstico, el próximo enero. Las lluvias de otoño no han llegado y las reservas de los pantanos no dan para alcanzar con seguridad a las que se deberían esperar para la primavera. Como hemos recordado en diversas ocasiones, parece que no existe una conciencia ciudadana clara de hasta qué punto la situación es grave. Tener las plantas desalinizadoras trabajando a pleno rendimiento y haber abierto la puerta a la regeneración de las aguas residuales ha permitido ir aplazando las medidas drásticas. Sin embargo, esta disponibilidad ha generado un espejismo entre el usuario (no entre quienes ya sufren palpablemente la crisis hídrica como el sector agrario y ganadero) que el Gobierno de la Generalitat quiere deshacer.

En esta tesitura, las medidas y mensajes de la Administración tienen al menos tres motivaciones y horizontes de tiempo distintos. Ya mismo, medidas de emergencia para disminuir el consumo (vía restricciones o información al ciudadano para que adopte una actitud de ahorro en sus hábitos diarios) o para aumentar el suministro disponible (captación de agua del Besòs, regeneración, desalinización, nuevos pozos allí donde los acuíferos no estén dando señales de agotamiento). Medidas drásticas solo cuando la situación sea extrema y sea imposible garantizar el suministro doméstico ilimitado y que determinadas actividades económicas puedan mantenerse con normalidad. Y ese escenario, tras 36 meses de sequía, la peor desde que existen registros, empieza a tomar visos de realidad, como se evidencia en las reuniones entre el Govern y unos cada vez más preocupados actores económicos. Y finalmente, medidas estructurales para maximizar los recursos ante un futuro marcado por sequías más frecuentes y más largas: una tarea mayúscula que debería pasar por rediseñar todo el sistema de captación, distribución, consumo y depuración para no desperdiciar un recurso tan escaso y ajustar el consumo de agua del tejido productivo del país a una previsión realista de su disponibilidad. Sea fomentando la mejora de procesos y tecnología, sea renunciando a actividades que pueden resultar ya no sostenibles.

En este sentido, la falta de disponibilidad de agua será cada vez más un criterio para limitar los desarrollos urbanísticos, turísticos o deportivos o la implantación de actividades industriales y ganaderas (igual que hoy ya lo es la disponibilidad de suelo, o la protección de áreas de interés natural). Anunciar límites a la aprobación de futuras actividades mientras se está en emergencia y que, en cambio, ese veto se levante en cuanto se salga de ella parece que tenga que ver menos con esa planificación de futuro que con la necesidad de lanzar mensajes de concienciación.

Hay un precio a pagar por la crisis climática: si no es en forma de eficiencia y ahorro, será en forma de decrecimiento económico. Y hay que hacer todo lo posible para agotar la primera de estas posibilidades.