Del cayuco al centro de acogida

Cerca de 40.000 personas han llegado ya, navegando en cayucos que han completado la travesía (no se sabe cuántos no lo han hecho), desde las costas de Senegal y Mauritania en lo que va de año. Un periodo de calmas en el mar y, sobre todo, las tensiones políticas y económicas crecientes en los países de origen, han ocasionado un incremento de las llegadas que nos lleva a los niveles de un año especialmente intenso como fue 2006. Un aséptico «repunte» para el Gobierno, una «oleada» para quienes prefieren hacer sonar las alarmas fronterizas. En cualquier caso, una situación complicada para quienes se juegan la vida en la mar y para las comunidades receptoras, especialmente las islas Canarias, destino de la ruta migratoria más activa (seguida de la que va de Argelia a Baleares) desde que las relaciones bilaterales entre España y Marruecos mantienen bajo restricciones más efectivas la tradicional ruta del Estrecho.

Que las llegadas hayan incluido incluso islas con escaso margen de acogida como el Hierro no deja otra opción, ya desde el primer momento, que la distribución corresponsable de los recién llegados entre todas las comunidades autónomas: el ejemplo de lo sucedido en algunas islas griegas no puede repetirse ahora en Canarias. Si tomamos como referencia un episodio similar como el de 2006, ya entonces surgieron tensiones a cuenta de la distribución de los inmigrantes de forma irregular. Era de prever que en un contexto de mayores recelos territoriales (aunque menores que los de hace cinco, cuatro o tres años, que llegaron a contaminar incluso las acciones de respuesta a la crisis del covid) y con el surgimiento de un movimiento de extrema derecha que hace del miedo a la inmigración una de sus razones de ser, surgieran quejas sobre el número de inmigrantes derivados a cada comunidad. Algunas lo han hecho ya, como la de Madrid, en Catalunya el discurso victimista se ha producido aunque ahora circula por redes cada vez más marginales y Santiago Abascal no ha desaprovechado la ocasión para reclamar que las comunidades y ayuntamientos con pactos PP-Vox rechacen aceptar envíos de inmigrantes desde Canarias, más para poner en situación incómoda a sus ya incómodos socios de Gobierno que porque esa opción tenga los mínimos visos de hacerse realidad. Las cifras dibujan en cambio un panorama razonable, con las comunidades acogiendo en función de su peso demográfico respectivo (Andalucía, Catalunya, Madrid y la Comunidad Valenciana, por este orden) y a la espera de variaciones basadas circunstancias objetivas, como la posibilidad de disponer de terrenos militares para aumentar la capacidad de recepción, como sucederá sobre todo en Madrid y Murcia.

Pero esto es en lo que se refiere a la acogida inmediata. Después la cosa se complica. La devolución de inmigrantes que no se encuentren en situación de vulnerabilidad promete ser polémica en el seno mismo de la coalición gubernamental: el derecho de asilo reconocido internacionalmente es sagrado, pero en un continente en crisis generalizada muchas veces son ya indistinguibles los motivos que llevan a lanzarse al mar. Y la saturación de los centros de acogida ha llevado a acortar los tiempos de permanencia (que pueden llegar a limitarse a solo un mes): dejar en la intemperie sin haber adquirido los mínimos recursos para orientarse en nuestro país a las personas que no van a ser expulsadas es una opción a evitar: ni es humana, ni es responsable.