Sensores económicos en el mar de la innovación del medicamento

Desde el punto de vista del análisis de economía de la salud, el incentivo a la innovación sanitaria, la deseable y evaluada, son los sensores claves para la navegación en las procelosas aguas hoy de la industria del medicamento.  

La frontera de la innovación no cesa de expandirse. Abrumados por la velocidad, a menudo se pierde perspectiva. Por el momento, la tecnología ofrece valores globales de mejora potencial en salud, pero queda su aplicación a manos de las posibilidades presupuestarias públicas de cada cual. La industria promueve, a menudo los medios disponen, y los estados han de encajar como pueden. Cribar qué puede merecer la pena socialmente para incorporar a la cartera de servicios, y cómo instrumentarlo, es la difícil tarea de legisladores y políticos. Cómo se comunica el avance, cómo se lleva a pie de obra, qué transforma, y sustituye en su caso, resulta decisivo. Atentos, sin embargo, a que la innovación actual (inteligencia artificial incluida) puede suponer la ruptura del ecosistema hoy existente, con una tecnología que puede habilitar nuevos agentes tanto en demanda (no como los pacientes actuales sino como ‘potenciales’) como en oferta (el profesional como actor activo y no reactivo), y permitir que aparezca un intermediario en forma de algoritmo gestionado desde fuera de la profesión sanitaria.

Ante lo que se nos avecina, o que ya está llegando, creo que el antídoto no puede ser otro que la creación de partenariados, de verdad, entre la industria y los gobiernos. Pueden interesar a la industria unas reglas de juego que eviten males mayores: gobiernos que pueden reaccionar a la brava con descuentos insensibles a las realidades de una industria suficientemente heterogénea como para que no sea aceptable una sola voz y menos con el único argumento de “todos queremos más y más recursos”. A la industria le conviene ajustarse en lo posible a la realidad de las finanzas públicas si no quiere tomar daños mayores. El Gobierno alemán y el estadounidense con la Inflation Act aplicada al medicamento muestran el camino que, de otro modo, le espera. A los gobiernos les conviene el acuerdo, desde el acompañamiento de las áreas de ingreso (Economía y Hacienda) a las de gasto (de sus departamentos de Sanidad y Servicios sociales), para consolidar lo logrado, sin entrar en nuevos territorios ignotos. Sobre todo, ante el temor a pandemias generadas desde redes sociales, y así, la necesidad de confrontar una nueva tipología de pacientes (informados o con conocimientos deformados), distintos actores procedentes de otros sectores (tecnológicos en particular), con nuevos modelos de negocio, y necesitados de nuevos esquemas de financiación más elusivos que los actuales (cómo pagar, por ejemplo, algoritmos de asignación de recursos dinámicos).

Finalmente, en el campo de la evaluación que distinga la innovación razonable de la que no lo es, la deriva última la tenemos en nuestro país en la judicialización de los procedimientos terapéuticos, por la restricción de servicios que suponen sin suficiente amparo normativo. Pero, más allá de ello, conviene reconocer que el instrumental de evaluación está cambiando. Para quien tiene el martillo del coste efectividad, todos los tratamientos y tipologías de enfermos son resolubles clavando este marchamo. Un año de vida ganado ajustado por calidad debido a una innovación no parece ser independiente de a qué edad acrece, qué situación inicial corrige, y desde qué nivel de gravedad lo hace. El coste de oportunidad de la innovación en el sector hoy es pagar medicamentos dejando de hacer nuevas acciones asistenciales en los presupuestos del año. No resulta clara la razón de por qué la aplicación solo a este sector y no al conjunto del gasto social, estando todo ello bajo financiación pública. 

Aquí el antídoto debiera de ser institucionalizar procedimientos y decisiones para hacer creíbles, transparentes y robustas las reglas de la evaluación. Separar el análisis de la propia decisión. Y bajar luego al nivel más micro posible, de la gestión clínica, con más énfasis -o al menos igual- en la e de efectividad que en la c de refinamiento de costes.

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