Renovables sin trabas en Catalunya

La implantación en Catalunya de centrales fotovoltaicas y eólicas ha experimentado en los últimos años un parón que puede tener graves consecuencias a largo plazo, en términos medioambientales pero también de desarrollo económico. Son suficientes las razones para apostar por la producción de energías renovables como para no dar pasos decididos en esa dirección: si la lucha contra el cambio climático por sí sola debería bastar como argumento, no lo es menos la necesidad de reducir la dependencia energética de otros territorios (asunto que la guerra de Ucrania ha puesto en evidencia). Y sin embargo, Catalunya acumula un insostenible retraso en renovables que contrasta con el avance de otras comunidades autónomas en ese mismo periodo. Las energías verdes cubrían en 2022 tan solo el 13% de la demanda eléctrica en Catalunya, lo que significa que para cumplir el 42% que marca la Unión Europea como objetivo para 2030 hay que recuperar el tiempo perdido y acelerar procesos.

En los últimos meses, el Govern ha actuado para desbloquear uno de los princiaples obstáculos a la implantación de renovables: el colapso burocrático, que era una de las grandes reclamaciones del sector. Los proyectos pueden estar años a la espera de los preceptivos permisos y licencias, lo que acaba por ahuyentar a los inversores y llevarse las instalaciones a otros lugares. El refuerzo de personal por parte del Departament d’Acció Climàtica ha permitido reducir el número de proyectos pendientes de respuesta administrativa. Hoy son 186 las peticiones en trámite de empresas promotoras para construir parques eólicos o fotovoltaicos, una cifra todavía muy elevada pero que debería reducirse gradualmente.

Más complejo de solucionar es el rechazo social a la construcción de centrales en determinados sitios, por parte de vecinos que critican el impacto paisajístico o el daño para las producciones agrícolas y ganaderas. Estas manifestaciones se pueden considerar dentro del llamado 'efecto NIMBY' (de la expresión inglesa 'Not in my back yard', «no en mi patio trasero», que se refiere a la oposición a proyectos en un determinado lugar, pero que son beneficiosos para la sociedad). Ocurre también con tanatorios, ‘deixalleries’ y salas de venopunción, entre otros; y todas ellas, como los parques eólicos y fotovoltaicos, son necesarios, si la Administración cediera a las negativas de los vecinos, la sociedad no avanzaría. La imposición, sin embargo, tampoco es la alternativa, ya que el descontento social puede derivar en procesos judiciales o en actos de boicot que paralicen el proyecto. Mucho más provechoso es buscar vías de diálogo con la comunidad y llegar a acuerdos para minimizar las afectaciones en el territorio (introducir determinadas modificaciones en el proyecto para satisfacer demandas concretas) y, llegado el caso, compensar de manera justa a los afectados. En Catalunya ya se están dando algunas experiencias satisfactorias con mediadores para mejorar la concienciación social. El impacto local que tienen este tipo de infraestructuras es inevitable, pero también lo tendría, por ejemplo, una línea de muy alta tensión (MAT) para importar la energía a Catalunya, porque a la larga, el consumo energético provendrá mayoritariamente de fuentes renovables, la produzcamos o no. Deben primar la visión de futuro y el interés global.