Abordar la España plurilingüe

Todavía quedan muchas semanas por delante para que Pedro Sánchez afronte su hipotética investidura. Es pronto para saber qué puede pasar, ya que a priori no parece fácil que Junts vaya a entrar en una negociación que se ciña a cuestiones constitucionalmente posibles. Pero también es verdad que para Carles Puigdemont es muy tentador jugar a tener la llave de la gobernabilidad de España durante un tiempo, a fin de recuperar la hegemonía dentro del separatismo. Hasta entonces lo que tendremos son una sucesión de propuestas de cara a la negociación sobre las que puede valer la pena reflexionar. La primera ha sido realizada por Yolanda Díaz en nombre de Sumar sobre el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. Se trata de un antiguo debate que, si no queremos que se convierta en otro frente de críticas por parte de las derechas, en la medida que se plantee como una cesión para contentar a los independentistas, ha de afrontarse de una forma global, que no se limite a la cuestión del uso del catalán/valenciano, gallego y vasco en la Cámara baja. Porque, en efecto, España necesita una ley de lenguas oficiales, que cierre la querella sobre esta cuestión, y reconozca los derechos lingüísticos de la ciudadanía y establezca las obligaciones de todas las administraciones.

Una ley de lenguas oficiales debería, por un lado, garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, también de los castellanohablantes en las comunidades bilingües. Y, por otro, implicar al Gobierno español y a la administración general del Estado en la defensa y promoción de todas las lenguas, tanto dentro como fuera de España (principalmente en la UE). Se trataría de que el Estado fuera realmente plurilingüe (en impresos, documentos, rótulos, comunicaciones, también en el Congreso y Senado, etc.), a fin de ser escrupulosos con los derechos lingüísticos de la ciudadanía, al tiempo que se garantiza el respeto al bilingüismo en las comunidades donde, como en Catalunya, el nacionalismo ha impuesto un régimen de exclusión del castellano en la enseñanza, la Administración y los servicios públicos.

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