La presunción de inocencia ha muerto

Asumamos que nadie cree en la presunción de inocencia. Tan pronto como la policía realiza una investigación y expone sus conclusiones sobre la responsabilidad de una persona, ese sospechoso no tiene ni la más mínima posibilidad ante la sociedad. La gente en general parte de la base de que esa investigación policial es completamente correcta. Además, pocos son los periodistas -aunque los hay- que no le atribuyan absoluta credibilidad a lo que dicen sus fuentes, habitualmente policiales. Todo ello, combinado con la credibilidad general que en películas y series se le concede a la policía, dibuja un panorama en el que el reo solamente puede aspirar a ser condenado. El milagro de la absolución será ya muy difícil.

Con todo, el problema principal es que fiscales y jueces también suelen partir de la credibilidad total del relato policial. Hasta la jurisprudencia ha solido decir, de manera impropia, que en un Estado de derecho no hay motivo para dudar de la regularidad de la labor policial…

Pues bien, tal pensamiento es completamente erróneo. En un Estado de derecho, precisamente, es obligación de fiscales y jueces no atribuir credibilidad automática a la versión policial. La razón en absoluto es que partamos de la base de que los policías son delincuentes, porque eso es falso. Siempre pueden existir irregularidades y España, precisamente, ha recibido algunas condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haberlas tomado en consideración. Por cierto, también existen relatos de ficción, no infrecuentes, que denuncian actividades de manipulación de indicios por parte de la policía.

Pero no partamos de la base del mal comportamiento de nadie. Lo que es necesario es entender que el proceso penal es un engranaje complejo con diversos actores, cada uno con su función, que no debe solaparse, a fin de que se descubra la realidad de los hechos, evitándose fáciles condenas erróneas. Para eso está la presunción de inocencia, que persigue mantener la imparcialidad judicial, a fin de que la opinión del juez no quede ya desde el principio escorada en contra del reo, siguiendo el habitual -y enorme- prejuicio social de culpabilidad.

Por tanto, la situación es la siguiente: una sociedad que sospecha sistemáticamente y que, por ello, entre tener a un posible inocente en prisión o en libertad, lo prefiere preso, por si acaso. Una policía que no puede respetar la presunción de inocencia, porque no es esa su función. ¿Se imaginan que la policía, cada vez que tuviera dudas, no llevara a cabo ninguna investigación? La función de la policía, por tanto, es ser suspicaz.

Fiscales y jueces deberían saberlo, y asumir así que su función no es validar lo que diga la policía, sino ponerlo seriamente en cuestión, porque de lo contrario, la defensa del reo lo tendrá casi imposible. Una cosa es defenderse contra lo que dice un agente, y otra muy distinta combatir en vano contra tres garantes de derechos que, convertidos absurdamente en enemigos del acusado, se han alineado: policías, fiscales y jueces. Al contrario, los fiscales deberían ser no esos implacables acusadores que siempre vemos en películas y tribunales, sino sujetos con una enorme neutralidad que no se empeñen en combatir la defensa del reo, como si fueran, no fiscales, sino el abogado privado de la acusación. Su labor es de apoyo a la justicia, sin pretender conseguir condenas a toda costa, incluso negociándolas con el reo, como ocurre tantísimas veces últimamente, por copia imprudente de un cómodo, aunque vergonzoso, modelo estadounidense que no defiende derechos constitucionales, sino que simplemente amenaza a ciudadanos con acusaciones tremebundas. Su labor prioritaria, por tanto, debe ser más bien buscar datos que puedan servir a la defensa del reo. Los datos incriminatorios ya los ha servido con crudeza la policía, y van a constar en el proceso de todos modos, no hay riesgo de que desaparezcan.

Solo de ese modo conseguirán los jueces respetar la presunción de inocencia, y los ciudadanos entender la razón de ser del proceso judicial. No lo lograrán nunca si policías y fiscales reman en contra del reo y solo habla en su favor su abogado. Si no existiera la presunción de inocencia, bastaría con que juzgaran y condenaran los agentes de policía.

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