El patinete ya no es una moda

La tecnología, la disponibilidad y la conveniencia de los cambios en los modos de movilidad personal han llegado a un ritmo al que las administraciones no se han sabido adaptar ni con la velocidad ni con la flexibilidad necesarias. No ha sucedido con las ordenanzas de circulación que definan el lugar que corresponde en la vía pública a bicicletas u otros vehículos de movilidad personal. Tampoco con la legislación que ordena sectores regulados, como el del taxi ante las plataformas de VTC. O con la disponibilidad de infraestructuras necesarias para promover el vehículo eléctrico. Es el caso también de la normativa que debe regular el patinete eléctrico. Tanto por la seguridad de sus usuarios, desprotegidos ante nuevos tipos de traumatismos que los servicios de urgencias ven cada vez más a menudo, como del resto de usuarios que comparten con ellos la vía pública. Están implicados ya en el 4,2% de los accidentes de tráfico en Catalunya, y llegan al 6,4% en Barcelona.

La existencia de unas normas de tráfico claras, en lugar del desconcierto que implica que las restricciones sean aleatorias y los anuncios no se lleguen a concretar, es un requisito básico para exigir su cumplimiento. Pero ni que estas nuevas formas de transporte se hayan incluido ya en el reglamento de la Dirección General de Tráfico ha despejado la confusión del usuario sobre qué es recomendable, optativo u obligado. Desde la DGT, por ejemplo, se reconoce la necesidad de añadir la exigencia de casco y de seguro, pero ni se ha reglamentado aún ni, en el contexto político actual, queda claro cuándo será posible.

Solo el 10% de las localidades catalanas han adaptado sus propias ordenanzas al patinete eléctrico. Así que la iniciativa del Servei de Català de Trànsit de fijar un cuadro común sobre cómo hacerlo es una iniciativa positiva que debe clarificar prohibiciones vigentes, como la circulación por la acera o el uso de auriculares, que son tan evidentes como desoídas. Pero algunas de sus propuestas, y de las normas proyectadas por ayuntamientos como el de Barcelona , aparecerán al usuario como obligaciones cuando solo serán recomendaciones hasta que el reglamento estatal no las contemple. 

No solo están en el limbo las normas que regulan la circulación de los patinetes eléctricos por las calles de gran parte de los municipios. Desde el 1 de febrero entró en vigor la prohibición de acceder al transporte público del área de Barcelona con uno de estos vehículos, ante el riesgo de incendio que suponen las baterías dañadas o manipuladas. Una decisión que perjudica a quienes tenían en la combinación de metro, Rodalies o autobús más patinete una alternativa atractiva, por motivos económicos o ambientales. Y una vez los seis meses de moratoria se agoten el 1 de agosto, aún no está claro si se prorrogará o si se esperará para permitir, a partir de 2024, solo los nuevos modelos que reúnan los requisitos de seguridad más estrictos dictados por la DGT. También en este caso se ha regulado un nuevo fenómeno con retrasos y vacilaciones perfectamente evitables. 

El 'boom' de este tipo de vehículos hace ya tiempo que ha dejado de ser una moda para ser una variante más de las formas de movilidad. Y como todas ellas han de tener fijados requisitos básicos como el registro de los vehículos o el seguro que garantice los derechos de terceros en accidentes. No en el futuro, sino desde el momento en que son una realidad asentada en las calles.