Por justicia, detengan esta sinrazón

Es injusto y es inoportuno: los sindicatos de Justicia que habían anunciado una huelga, a la espera de negociar legítimas mejoras en sus condiciones laborales, han decidido mantenerla pese al anuncio electoral. Respetando su derecho a reivindicar las mejoras que merecen dada su importante función social, se trata, en este momento concreto, de una decisión difícil de entender para la ciudadanía. 

Las huelgas son un recurso legítimo que utilizan los trabajadores para defender sus derechos laborales y presionar a los empleadores a negociar. Las que se llevan a cabo desde la función pública pueden tener sentido cuando el gobierno con el que deben negociar está ejerciendo con normalidad. Sin perjuicio, en este ámbito, de las comunidades autónomas con competencias transferidas, es de una obviedad manifiesta que el gobierno de coalición actual no podrá negociar en las próximas semanas con los funcionarios de Justicia tras el anuncio de elecciones para el 23 de julio y la inminente campaña electoral.

Cuando se trata de huelgas que afectan derechos tan esenciales como es la justicia o la salud de las personas, debe pesar más garantizar el acceso a esos derechos fundamentales que la reivindicación estéril ante un interlocutor inválido. ¿Se imaginan una huelga de sanitarios en plena pandemia? Hubiera sido impensable. Como impensable es que los empleados públicos de Justicia puedan contar con el apoyo del resto de colectivos jurídicos si la estrategia es perjudicar directamente a todos ellos y a la ciudadanía en vano. 

Desde la abogacía institucional venimos denunciando que las diferentes huelgas que se están produciendo en nuestro sector han provocado mayor saturación en los juzgados y una evidente afectación al derecho a obtener una tutela judicial efectiva. No podemos comprender que, ahora, el colectivo de funcionarios de Justicia decida paralizar judicialmente un país aun a sabiendas que el Gobierno central se mantendrá en funciones y, por tanto, sin capacidad real de negociación.

Por ello, desde la abogacía institucional hacemos un llamamiento a la cordura y reclamamos a los sindicatos de Justicia que actúen con coherencia y sentido de la realidad. En España se han convocado elecciones y ningún colectivo debería incidir en el proceso electoral, afectando además un sistema judicial que ya vive al borde del colapso. Por justicia y por un derecho de huelga realmente efectivo, detengan esta sinrazón.