Por unas oposiciones sin margen de duda

El proceso más multitudinario de oposiciones de la Generalitat que se recuerda va camino de ser, también, el más desastroso. En los exámenes celebrados el pasado sábado, en los que 13.500 personas aspiraban a alguna de las 1.825 plazas convocadas, fueron tantas las incidencias e irregularidades (retrasos de hasta seis horas, clases sobreocupadas, falta de hojas de respuesta, etcétera), que el Govern tuvo que reaccionar de inmediato, pidiendo disculpas por el fiasco y comprometiéndose a dar una solución. El Govern anunció la destitución fulminante de la directora general de la Funció Pública, Marta Martorell, aunque es poco probable que con este gesto consiga acallar las críticas que cayeron prácticamente por todos lados. El periodo preelectoral es terreno propicio para que cualquier fallo del adversario sea exprimido para cuestionarle la capacidad de gestionar. El Govern tampoco puede dar carpetazo a este asunto achacando el grueso de la culpa a la empresa organizadora de las pruebas, sin que se aborden varias cuestiones que merecen respuesta.

Una de las preguntas más repetidas es por qué se externalizó el proceso de oposiciones, en lugar de asumirlo el sector público. De hecho, se trata de la primera vez que una empresa externa se encarga de hacerlo, cosa que el Govern justifica por varias razones. La primera, el gran volumen de aspirantes. La segunda, el hecho de que, al tratarse de un proceso de estabilización interno de la Generalitat, muchas personas que habitualmente participan en la organización de las oposiciones precisamente se iban a examinar aquel día. Y la tercera que la compañía a la que se contrató, Cegos, tenía experiencia porque ya había participado en otros procesos, como el de Correos y la selección de MIR. La externalización, si es justificada y se garantiza el servicio público, no es 'per se' causa de rechazo, pero sí lo es la ausencia de supervisión del proceso, de la que es responsable la Generalitat. Y la capacidad de control se difumina aún más si la empresa contratada subcontrata a su vez a otra compañía, como ha ocurrido en este caso. La desorganización del pasado sábado destapa, de hecho, uno de los males de las Administraciones Públicas en España, no solo la catalana: la falta de recursos humanos y materiales. Justamente, las casi 1.800 plazas de las malogradas pruebas son para estabilizar puestos interinos y reducir la excesiva temporalidad del sector público, como exige la Unión Europea.

Multa y repetición

Además de la decisión política de cesar a Martorell, el Ejecutivo catalán estudia multar a Cegos y rescindir el contrato de 1,5 millones de euros, por incumplimiento. Tampoco descarta repetir los exámenes. La ‘consellera’ de la Presidència, Laura Vilagrà, se reunió con los tres sindicatos mayoritarios de la función pública, con los que acordó abrir un buzón para recabar testimonios de los afectados. Visto que en algunos casos es cuestionable que se garantizaran los principios de capacidad, mérito e igualdad de acceso a las oposiciones, es lógico que algunas pruebas deban repetirse, y más pronto que tarde, porque una posible impugnación posterior, con las plazas ya asignadas, tendría consecuencias peores. El resultado de unas oposiciones no debe dar ningún margen de duda. Y el Govern debe diagnosticar qué ha fallado y explicarlo. Sirva este lamentable episodio para poner en valor y cuidar el sector público, encargado de hacer funcionar los engranajes del Estado.