La nueva ley de vivienda: cuanto mejor, mejor, y cuanto peor, peor

‘Habemus’ semana de la vivienda. Estamos que lo tiramos: nueva ley, pisos de la Sareb, crédito para nuevas construcciones de alquiler social y contraanuncios de la oposición. En un mes se pretende solucionar 40 años de ‘sinpolítica’. Centrándonos en la ley, esta tiene algunos aspectos muy positivos. Por fin se apuesta por la vivienda social en alquiler, ya sea mediante la Sareb o la nueva construcción. El proceso será lento, pero necesitamos una política continuada de vivienda social en alquiler. Hay detalles que retocar, por ejemplo, cómo conseguiremos que los constructores no disminuyan la oferta si en cada promoción se impone un 40% de vivienda social. Hay vías para compensarles. Otra buena noticia son los incentivos fiscales a los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler. Incentivos que son mayores si los alquileres son asequibles o se destinan a jóvenes. También la posibilidad de aumentar el IBI de las viviendas vacías. Tendrán un impacto desigual, pero todas estas medidas aumentan la oferta (social y privada) de alquiler. Justo lo que necesitamos. Más oferta, para que buscar alquiler deje de ser un ‘casting’.

Vayamos al cuanto peor, peor de la ley. La literatura científica apunta a que los controles de alquileres reducen la oferta de viviendas en alquiler, además de otros efectos. Aquí mismo en Catalunya la evidencia más sólida muestra que en un año y medio la oferta decreció un 10%. Me contaba un reputado científico español que vive en Gotemburgo, donde hay tradición de control de alquileres, que él se hartó de buscar un alquiler tras ¡cinco años! Y si aumenta la escasez de viviendas, ¿a quiénes creen que les va a costar más encontrar vivienda? A los más vulnerables. No necesitamos perder por aquí la oferta que ganamos por otras vías. Además, todo lo que rodea esa parte de la ley huele a azufre. Si esa parte se deja en manos de las comunidades autónomas, es probable que unas -Catalunya será de las primeras- lo pongan en práctica y otras no. Si la inversión residencial se traslada a esas otras, ¿hablaremos de ‘dumping’ inmobiliario? Otro punto conflictivo, el índice con el que se actualizarán las renovaciones de los alquileres a partir de 2025 y al que se anclarán los precios de los contratos procedentes de los grandes tenedores. ¿De verdad debe ser el INE quien lo confeccione? ¿No es eso una injerencia política en un organismo independiente? ¿Cómo es posible que pueda ejercer de independiente si ya le imponemos que el crecimiento del índice esté por debajo del del IPC?

Del olvido de tratar que el joven solvente acceda a la propiedad mediante avales públicos, descongestionando así el mercado del alquiler, o de llegar a algún pacto con los fondos de inversión para que cedan sus viviendas en alquiler social (curiosamente, una enmienda al anteproyecto de un firmante de la ley), hablaremos otro día. Una pena no aprovechar el consenso social (y casi político) en algunas medidas para una ley que fije una política de la vivienda estable. Eso sería un cuanto mejor, mejor.

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