Los atajos de la vivienda

Pasado el fogonazo inicial, es momento de mirarse en serio el proyecto de ley sobre la vivienda que aprobará el jueves el Congreso de los Diputados. Quienes apostamos por el progreso no podemos por menos que alegrarnos de que por primera vez se desarrolle este derecho reconocido en la Constitución y cuyo despliegue es de una gran complejidad, tanto por el entramado competencial que dibuja la misma Carta Magna como por la importancia de la vivienda como sector económico, desde el punto de vista de los promotores, de los constructores y de grandes y pequeños propietarios y desde el de los ciudadanos, en particular los más jóvenes, que tienen especiales dificultades en las llamadas zonas tensionadas. La mayoría que promueve la nueva ley dice que se propone impulsar la vivienda a precio asequible y el alquiler social. Especialmente en el segundo aspecto, España tiene un importante margen de mejora para equipararse con otros países europeos con amplia tradición en la intervención del sector público en este ámbito.

La vivienda es un problema tan grave que no aguanta que se apliquen atajos para solucionarlo. Y eso es lo que hace el actual redactado si no se mejora. En primer lugar, conseguir los objetivos que se marca el mismo presidente de Gobierno pasa por lograr un acuerdo con ayuntamientos y comunidades autónomas, que son los que tienen las competencias tanto sobre el suelo como sobre la vivienda protegida. Y eso requiere un ejercicio de política en su mejor sentido, acordando con quienes no piensan igual y contemplando no solo los intereses de quienes gritan más, en una u otra dirección, sino desde el análisis de las necesidades que tienen todos los afectados. Los que buscan piso, los que los promueven o los que tienen terrenos para hacerlo. Se trata de solucionar los desequilibrios y no de hacer demagogia tratando a todo un sector como si todos fueran fondos buitre o especuladores, cosa que no es así de ninguna de las maneras.

Por eso es importante que esta ley de vivienda respete otros derechos reconocidos por la Constitución como es el caso del derecho a la propiedad y la libre competencia. Si el redactado final sigue el espíritu de la ley catalana, vamos a entrar en un largo periodo de inseguridad jurídica, porque tanto los sectores afectados como la oposición recurrirán en defensa de una colisión de derechos que el Constitucional ya ha dirimido en el caso de la norma catalana, en ese caso por una cuestión competencial. Seguir por este camino igual ayuda a los impulsores a mejorar sus resultados electorales el 28M, pero no aliviará el problema de los que buscan vivienda y no la pueden pagar incluso teniendo un empleo. La reserva de un porcentaje de las promociones para pisos sociales o el tope en los precios son un camino aparentemente rápido, pero el modelo europeo pasa por la promoción de viviendas públicas, ya sean de venta o de alquiler. Eso es más lento, más complejo, menos efectista pero, sin duda, más efectivo. En todo caso es un proyecto demasiado ambicioso para ponerlo en marcha cuando solo faltan ocho meses para que acabe la legislatura. Sería necesario, en todo caso, un acuerdo entre quienes gobiernan o pueden gobernar en las distintas administraciones recordando que somos, constitucionalmente, una economía social, y de mercado.