¿Agua para la industria, la agricultura o el turismo? | Gestionar recursos escasos

Utilizamos la economía como disciplina para gestionar los escasos recursos y buscar la asignación más eficiente. El sistema comunista lo hacía vía planificación, decidiendo cuántas sillas debían fabricarse en un año, cuántas magdalenas, cuántos tanques o cuántas muñecas matrioshka. Evidentemente nunca acertaba la cantidad y siempre sobraban o faltaban productos. Por eso, cuantos menos productos había, más facilidad para planificar. Hoy, seguramente, con el elevado dominio de los datos, esta planificación sería mucho mejor.

La alternativa es nuestro sistema de economía de mercado, en el que el precio se utiliza para forzar a que la oferta y la demanda encajen. Si un bien es escaso, su precio sube e incentiva a que más gente fabrique ese bien; por el contrario, un bien muy abundante tendrá un precio bajo y desincentivará su producción. El presidente Pere Aragonès ha dicho que apuesta por un turismo de cruceros del "máximo valor añadido". Ha dicho la palabra clave: los recursos deben asignarse donde haya más valor añadido. El valor añadido es el que ha aportado la mejora de la productividad, el que ha hecho que la humanidad tenga el bienestar de hoy. Como en toda la economía de mercado, es necesario que haya una regulación adecuada, pues podría ocurrir que el turismo de cruceros tenga un valor añadido mucho mejor que el trabajo de las 'start-ups' tecnológicas, por decir algo, y Barcelona dedique todos los recursos a los cruceros, colapsando el tráfico del puerto y de las calles. Por tanto, poner un precio suficientemente alto en el crucero debería permitir una asignación de recursos más óptima, hasta encontrar un buen equilibrio.

Pero este debate hoy viene al caso para hablar del agua y de la superficie agraria. El agua se está volviendo un bien muy escaso y necesario. «¡Que resuelvan los escapes en el sistema de distribución!», dice la gente. Es evidente que esto debe ser así, y el precio del agua en origen (en la captación) debería ser suficiente impulso para resolver el problema de las fugas. Pero si el agua que se toma en el Ter no tiene valor económico (nadie paga a los actores de la cuenca la pérdida de caudal del río), difícilmente se priorizará la acción de rehabilitar las tuberías, porque en origen es gratis. Volviendo a la asignación de recursos, lo que hace falta es poner el precio al agua para que se haga su mejor uso. Hoy Catalunya tiene un uso doméstico e industrial de 856 hm3/año y el uso agrícola y ganadero es de 2.267 hm3/año, siendo este un 72,6% del total de agua. Según la ACA, el sector agrícola no debe pagar la extracción de agua si no se contamina, mientras que el sector doméstico e industrial debe pagar el agua a unos precios aproximados de 0,49 €/m3 si es potable y de 0,19 €/m3 si es industrial de captación, sin contar el saneamiento.

Si observamos los recursos por valor añadido, el sector industrial aporta un valor añadido bruto (VAB) de 24.936 millones de euros, con 689.145 trabajadores; la economía metropolitana (básicamente de servicios) aporta un VAB de 59.000 millones, con 1.745.000 trabajadores, y el sector agrario aporta un VAB de 1.550 millones, con 69.287 trabajadores. Es decir, el 72,6% del recurso de agua va destinado al 2% del valor añadido bruto y al 3% del trabajo de Catalunya.

Hemos dicho que las asignaciones del mercado deben regularse. Es evidente que no conviene a nadie dejar sin agua en el mundo agrícola, porque de él depende nuestra alimentación. Pero una cosa es la soberanía alimentaria y otra la exportación masiva, como ocurre de forma especial en algunos sectores como el porcino y su cadena alimentaria o la alfalfa que se exporta a Oriente Próximo. Es en este tipo de cuestiones donde poner precio en el agua podría ayudar a mejorar la asignación del recurso. Si el precio del agua de riego hace inviable una explotación para alimento humano, será necesario resolverlo con una subvención por cosecha hasta que la explotación sea viable. En cambio, las explotaciones dedicadas a alimentación animal para exportación deberían pagar por el uso del agua sin ayuda alguna. Los turistas consumen mucha agua, por lo que también su precio a los servicios turísticos debe ser alto. Subiendo los precios veremos qué asignación hará la economía.

Lo mismo ocurre con la superficie agrícola. Estos días vemos todos los campos amarillos de la flor de la colza. El producto se destina a aceite para producir biodiesel, y la parte sólida del prensado, para pienso animal. Al igual que con el agua, es necesario que el destino del terreno se haga teniendo en cuenta con el mejor valor añadido. La producción de la colza, del maíz forrajero, de la soja y de sorgo forrajero es de 612.000 toneladas, con un valor de mercado de 175 millones de euros, ocupando una superficie de 31.640 ha. Si esta superficie destinada a forraje se destina a energía fotovoltaica, podrían colocarse 19 GW, con una producción de 31.640 GWh, que tendría un valor económico de 1.900 millones, es decir un valor añadido 10,9 veces más alto que el de la superficie dedicada a forraje.

He explicado los dos casos porque nos encontramos ante un debate que parece imposible hacer, que sea tabú. Ni los campesinos deben desaparecer, ni la industria debe cerrar, ni los turistas deben dejar de venir. Lo que hace falta es hacer bien la asignación de recursos y poner mecanismos de regulación.

Al igual que ocurre con la energía, la mejor solución no es subvencionar el precio del recurso, porque lo que hace falta es que mejore la eficiencia. Como ocurrió con el diésel, con la gasolina y con la electricidad, subvencionar una parte del precio es un error, es mucho mejor aportar la pérdida de la actividad por una puerta diferente, por ejemplo por una transferencia bancaria. Si a un camionero, por ejemplo, se le sube el coste del carburante unos 400 euros al mes por aumento del gasóleo debido al CO₂, es mucho mejor darle esa cantidad a su cuenta que subvencionar el precio del combustible. Aunque parezca igual, no lo es: el camionero tiene la posibilidad de ser más eficiente con la conducción, mejorar los recorridos y reducir el consumo y seguir cobrando los 400 euros.

Como las cosas se irán complicando en el futuro, es necesario introducir este debate de asignación de recursos según el valor añadido que aportan y encontrar soluciones para no caer en injusticias ni en errores irreparables. Ni los campesinos son los jardineros del territorio, ni los turistas deben ser la solución de la economía, ni la industria debe producir a cualquier precio.

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