No tendrás casa en la p… vida

Cada año, cuando se acercan elecciones, saco de la nevera un artículo sobre el problema habitacional. Desde hace 30 años es muy parecido. Por un lado, denunciar que las administraciones no hacen nada, o no lo suficiente. Segundo, explicar que sí hay soluciones, como hacen países europeos vecinos. Y tercero, hacer un canto a la esperanza.

Volvamos. La vivienda es competencia de la Generalitat. Pero en Barcelona la gestiona el ayuntamiento a través del Consorci de l’Habitatge desde 1998. Hay aproximadamente 685.000 viviendas, de las cuales solo una tercera parte en alquiler. Y ese alquiler es el más alto de las urbes españolas. De comprar ya ni hablamos. El parque de vivienda pública en Barcelona es del 1,7 %, mientras que en París es del 17,2%; en Berlín, del 20%, y en Viena, del 25%. La media en Europa es del 15%. España está en la cola europea de porcentaje de vivienda social, en 2020 quedó en el humillante puesto 18, solo construyó por encima de Portugal, Croacia, Estonia y Rumanía.

A todo esto se suma la paradoja de que la vivienda protegida, al cabo de unos años, se puede vender. En la provincia de Barcelona, 36.000 viviendas van a salir de la protección antes de 2030. En el municipio, de las 17.763 vigentes en 2021 apenas quedarán 5.000 en el año 2040. Afortunadamente, desde 2019 ya no es posible cambiar la calificación de las nuevas promociones.

En los últimos cinco años, el coste de la vida en la capital catalana se ha disparado un 43%, principalmente por el alza del precio de la vivienda, que se come prácticamente el salario. Resultado: expulsión del barcelonés, sobre todo de los más jóvenes, llegada de extranjeros que pueden pagar precios más altos. Una ciudad que pierde su mezcla de estatus económico y social.

Soluciones. No hay una, sino muchas y complejas, dicen los expertos. No basta con construir más vivienda, como ya se vio en el 'boom' inmobiliario propiciado por el PP, que en vez de resolver el problema trajo la crisis. Tampoco basta con exigir porcentajes en la nueva construcción, como hacen en Euskadi y muchos países. Todo ayuda, pero desde luego, dedicar recursos es el primer paso. En 2016, el ayuntamiento lanzó el Pla pel Dret a l’Habitatge, con perspectiva de una década, con una inversión de 1.671 millones de euros, doblando las cifras anteriores. Se dio un gran vuelco priorizando la vivienda. Se han duplicado las ayudas al pago de alquiler. También se ha procedido a comprar viviendas aprovechando el derecho de tanteo, 1.561 hasta 2022; prevención de desahucios; alojamientos APROP; industrialización; covivienda... En 10 años se va a duplicar el parque de vivienda pública, tantas unidades como las creadas por el antiguo Patronat de l’Habitatge en 88 años, llegando hasta las 15.900.

Sin duda es el consistorio que mayor esfuerzo ha realizado en política de vivienda hasta la fecha. Pero sigue siendo insuficiente. La Generalitat, que había incumplido habitualmente sus compromisos con Barcelona, por fin parece ofrecer una nueva sensibilidad. Acaba de anunciar un plan para crear 10.000 nuevas viviendas de alquiler social en Catalunya. Pero, en concreto, este año apenas le destinarán 150 millones de euros. Sin duda exiguo.

Todo este desaguisado radica en la diferente interpretación que se hizo de tres derechos fundamentales durante la transición. El tema de la sanidad quedó claramente garantizado. El de la educación asumido y protegido. Pero el derecho a la vivienda quedó incomprensiblemente fuera de la praxis administrativa. El motivo es que la vivienda se consideraba y se sigue contemplando como mera mercancía. Piedras. Algo de lo que ya se ocuparán las promotoras. Un bien estrictamente comercial. Y por tanto de mercado. Y por supuesto que lo es, pero además asume un valor fundamental para la dignidad humana. Tener hogar a precio justo. Cualquier ciudadano sabe que dispone de hospital y escuela. Pero no de casa.

Dada la gravedad del tema, ahora se anuncia por fin la Ley de Vivienda. Bienvenida sea, pero parece va camino de resultar más un sermón lleno de buenas intenciones, que ofrecer medidas concretas y recursos. De momento Barcelona está siendo pionera en política habitacional tapando una descomunal vergüenza de la democracia.

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