Culminar el acuerdo sobre las pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha conseguido ya cerrar un acuerdo con la Comisión Europea y los socios de Gobierno de Unidas Podemos sobre la última fase de la reforma de las pensiones. El primer encuentro con los agentes sociales, celebrado este viernes, ha dejado a los sindicatos a un paso de sumarse a la fórmula propuesta, pero a la patronal absolutamente en contra de que buena parte del esfuerzo para incrementar la recaudación recaiga en las empresas. Y con poco margen para que, en la nueva reunión fijada para el lunes, cambie sustancialmente su postura.

La reforma pendiente, que versa sobre la sostenibilidad del sistema, está vinculada al futuro cuarto desembolso de fondos europeos (10.000 millones de euros) y ha debido enfrentarse al reto de presentar un esquema razonable y creíble para que el sistema sea al mismo tiempo completamente sostenible y mantenga el poder adquisitivo de las pensiones.

De entrada, la propuesta deberá financiar las pensiones de la generación del 'baby boom', los nacidos en la década de los 60 y 70 del siglo pasado, que significó un importante salto demográfico. Para hacer sostenible este sobrecoste la propuesta incluye cinco mecanismos para ampliar la recaudación hasta en 15.000 millones de euros al año, que supondría ampliar el gasto destinado a pensiones del actual 12% del PIB al 15,5% en 2050.

El primero de ellos es el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que ha sustituido el llamado factor de sostenibilidad que aprobó el Partido Popular en 2013 y que ya se ha derogado. El MEI, que ha entrado en vigor este año, incrementaría la sobrecotización del 0,6% a cargo de la empresa a un 1% a cargo de esta y un 0,2% a cargo de trabajador, y amplía su vigencia de 2032, como pedía Bruselas, a 2050; los ingresos que llegan por esta vía van destinados a nutrir el Fondo de Reserva. Asimismo, para conseguir los recursos necesarios, se propone reducir el porcentaje de ingresos de las rentas más altas que queda libre de cotización (en lugar de gravarlas en su totalidad, otra propuesta de máximos que estaba sobre la mesa), se incrementarán las bases de cotización y se arbitrará un recargo de solidaridad temporal sobre determinadas cotizaciones. En otro elemento clave, el periodo de cálculo de las pensiones, se ha acercado hasta posiciones aceptables por los sindicatos la propuesta inicial, ampliando opcionalmente los años sobre los que se calcula su importe de 25 a 29, pero excluyendo del cómputo los dos peores para el pensionista.

Nuestro sistema de pensiones es de reparto, es decir, que en teoría las pensiones contributivas deberían sufragarse completamente con los recursos que se obtienen de las cotizaciones de empresarios y trabajadores, mientras que las pensiones no contributivas han de cargarse a los Presupuestos Generales del Estado. Por ello, los trabajadores y los empresarios en activo tienen que entender que un buen sistema de previsión social exige sacrificios. De ahí la importancia del diálogo social para acordar entre todos un reparto equitativo de las cargas, en línea con el espíritu del Pacto de Toledo. No será fácil en absoluto poner de acuerdo al Gobierno, a la Comisión Europea y a los agentes sociales, pero daríamos una muestra de madurez si se recorre el corto trecho que falta tras los avances realizados en las últimas 48 horas.