La huelga de los letrados y el drama de las suspensiones

Constituye una desgraciada realidad cotidiana de nuestros tribunales penales la continua suspensión de los juicios orales, tal como se evidencia en las estadísticas de la Fiscalía General del Estado. No es una situación nueva, pues se localizan ya en 1913 quejas acerca de suspensiones de los juicios en materia criminal. Sin embargo hoy, esta situación, sobre la cual proyecté los estudios de mi tesis doctoral, cobra más actualidad a causa de la huelga de los letrados de la administración de Justicia (LAJ). Sin entrar a valorar las causas de la reivindicación (una remuneración acorde con el incremento de funciones derivado de las reformas legislativas), esta coyuntura debe servir para subrayar las graves consecuencias que produce el anormal desarrollo de los juicios. Una cuestión que ha recibido poca atención doctrinal y legislativa.

Las causas que dan lugar a que un juicio se suspenda son variadas: desde la resolución de una cuestión jurídica previa; a la práctica de una diligencia fuera del lugar de la sala; la falta de algún testigo o perito; la enfermedad de alguna de las partes, de sus abogados, del juez o del ministerio fiscal; o, incluso, cuando en el acto del juicio se produzcan revelaciones de los testigos, víctimas y/o acusados, que hagan cambiar el objeto del debate judicial. Y hoy, además, a la lista henos de añadir el ejercicio legítimo del derecho a la huelga de los LAJ.

Cada una de estas hipótesis tiene una justificación legal, pero lo cierto es que el problema de las suspensiones de los juicios orales ocasiona grandes perjuicios, tanto a los ciudadanos como a los colaboradores de la Justicia, así como a la propia administración.

A los ciudadanos, por la lentitud y el retraso en su derecho de obtener una solución a su problema; a esa tardanza, se suma la dificultad en el esclarecimiento de la verdad de los hechos enjuiciados, que cada vez deviene más borrosa. Nada tiene que ver el relato de un testigo al poco tiempo de suceder los hechos que cuando han transcurrido varios años y la memoria empieza a olvidar detalles claves. Hay que destacar, igualmente, la gravedad de las situaciones personales de prisión provisional a la espera de juicio.

También los colaboradores de la administración de Justicia, abogados y procuradores, vienen sufriendo perjuicios directos, llegando a afectar al cobro de sus honorarios y a la pérdida de clientela motivada por la insatisfacción. Del mismo modo, la administración de Justicia resulta otra de las damnificadas, pues su descrédito va ahondando en la desconfianza de la sociedad, dificultando que cumpla su misión en un Estado de derecho.

Este panorama no se ciñe al ámbito de los que nos dedicamos al Derecho, si no que el coste de la administración de Justicia lo soportamos entre todos mediante el pago de nuestros impuestos. 

Por todos estos motivos, confío en que al menos una de las causas que da lugar a las aborrecibles suspensiones encuentre su equilibrio en la negociación y, de esta manera, los LAJ vuelvan a formar parte de la solución del problema, tal y como lo han sido siempre.