Movilidad secuestrada en Barcelona

Barcelona tiene un problema estructural con relación al taxi. Es público y notorio que los vehículos disponibles no consiguen cubrir las necesidades de los usuarios, especialmente durante las noches y en los fines de semana. Los barceloneses somos los primeros perjudicados por esta situación. Tampoco son suficientes para atender la demanda turística en verano o cuando se celebran ferias y congresos importantes. 

Esto no es producto de la casualidad: hace ya muchos años que los sindicatos de taxistas dictan las leyes y reglamentos que regulan el sector. Mediante huelgas y coacciones salvajes, logran que el Departament de Territori y el Área Metropolitana de Barcelona, presidida por la alcaldesa Ada Colau, se plieguen a sus desorbitadas exigencias dando la espalda al interés de los ciudadanos. Lo que defienden los taxistas, lo que aspiran a proteger con sus movilizaciones, son sus privilegios y, particularmente, el mercadeo alegal de licencias que, concedidas en su momento a cambio de una tasa irrisoria, superan ahora los 120.000 euros.

La irrupción de las VTC pone en peligro el negocio, y de ahí la agresividad con la que estos conductores son hostigados. Las licencias permiten que los taxistas, además de ejercer su profesión, ingresen una cantidad extra subarrendando el vehículo, especialmente por la noche y a colectivos de inmigrantes cuyas condiciones laborales deberán algún día ser examinadas por la Inspección de Trabajo. 

La ciudad necesita que el sector del taxi se enfrente a los retos que tiene pendientes. El más inmediato es aprender a convivir con las VTC, pues ofrecen un servicio complementario. Pero hay más: incorporar prácticas más sostenibles (un conjunto de 'apps' eficaces evitaría que los taxis estuvieran dando vueltas en busca de clientes), apostar por los vehículos netamente eléctricos (según cifras oficiales, no llegan al 1%) o mejorar la capacitación de los conductores (¿cuántas veces hemos tenido que guiarles al ver que carecían del más mínimo conocimiento de la ciudad?). Para ello debemos dotarnos de una legislación justa, moderna y competitiva, que evite los abusos tanto de un lado como del otro. Una legislación que, con pleno respeto a la normativa laboral, garantice un buen servicio a un precio transparente y objetivo, los siete días de la semana, en todas las franjas horarias y en los momentos de mayor demanda. Si somos capaces de conseguirlo, el sector atraerá a nuevos usuarios a los que, además, servirá mejor. Las normas que se han aprobado hasta la fecha no dan respuesta a estas necesidades y difícilmente recibirán el aval de la justicia europea.

Y es que resulta chocante que Barcelona, la capital mundial del móvil, torpedee, cuando no directamente expulse, a las llamadas empresas tecnológicas que, aplicando planteamientos disruptivos, ofrecen funcionalidades y servicios muy apreciados por los usuarios. También las personas que nos visitan se sorprenden al ver que no pueden utilizar aquí las plataformas de uso corriente en todas las ciudades con las que competimos. Hace ya años que estas empresas llegaron a otros ámbitos de la economía en los que revitalizaron la sana competencia al ofrecer un servicio distinto a los clientes. Por supuesto que las empresas entonces afectadas, que vivían adormecidas en su zona de confort, pusieron el grito en el cielo, pero con el tiempo se ha visto que no tenían razón. Como tampoco la tienen los taxistas. El secuestro de la movilidad en Barcelona tiene que acabar.