La tarea más urgente del Tribunal Constitucional

Las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional que precedieron a la renovación de cuatro de sus miembros supusieron un quebranto aún mayor en el crédito y la confianza de una institución llamada a velar por el cumplimiento y la adecuada interpretación de la Constitución. La más grave de esas resoluciones fue una interferencia sin precedentes en la labor del poder Legislativo, al impedir preventivamente la votación de una reforma legal en el Senado. El hecho de que se adoptaran –esa y otras decisiones– por una mayoría de 6 a 5, que se correspondía exactamente con el tinte ideológico de los partidos que en su día habían nominado a los miembros del Constitucional, en ese caso seis conservadores y cinco progresistas, solo contribuyó a aumentar el desprestigio del organismo. Especialmente, porque el freno a la tramitación de una ley en la Cámara Alta, a petición del PP, se interpretó en amplias capas de la sociedad como una injerencia más del poder judicial en la batalla política, en este caso contra el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. Una decisión que venía a sumarse al incumplimiento por parte de los miembros conservadores del Consejo General del Poder Judicial del nombramiento de dos magistrados para el Constitucional y al bloqueo de la renovación del propio órgano de gobierno de los jueces por parte de los populares, una obstrucción que se mantiene después de cuatro años.

Los cuatro nuevos miembros del TC, que prometieron o juraron su cargo ante el Rey el 31 de diciembre, tomarán posesión de sus cargos este lunes. Aunque aún está pendiente el nombramiento por el Senado de otro magistrado y la disputada elección de su presidente, la nueva estabilidad que estrena el Constitucional habría de ser aprovechada por la totalidad de sus miembros, con independencia de su procedencia ideológica, para reflexionar sobre qué actitudes y medidas deberían adoptar para recuperar el prestigio y la credibilidad que le es exigida a una entidad de tal relevancia. Un organismo sobre el que no deberían caber dudas respecto de su neutralidad política si se quiere preservar su independencia y su eficacia, y que si se respetara a sí mismo no permitiría el desdoro que supone que se ponga en cuestión su crédito y su legitimidad en cada una de sus resoluciones. Como escribía el catedrático Xavier Arbós el pasado miércoles en EL PERIÓDICO, «los guardianes de la Constitución no la defenderán bien si se quedan solos, rodeados de un público desconfiado y hostil». 

Dado que la actividad del TC puede llevarle a anular leyes aprobadas por una mayoría elegida democráticamente y hacerlo en nombre de una Constitución revalidada hace más de dos décadas –que se impone a una mayoría legislativa conformada recientemente–, sería bueno que sus miembros rompieran el círculo vicioso en el que están enredados y demostraran capacidad para trascender sus preferencias partidistas y para decidir en función de criterios jurídicos. Ello facilitaría, por ejemplo, que algunas de las sentencias sobre asuntos trascendentales se adoptaran por unanimidad, lo que permitiría que la institución recobrara parte de la credibilidad perdida. Si ello fuera acompañado, a su vez, de una redacción más inteligible y persuasiva de sus resoluciones, la confianza de la sociedad en la institución mejoraría. No es esta una tarea fácil cuando lo que está sobre la mesa del TC son los recursos de la oposición a prácticamente todas las leyes impulsadas por el Gobierno, pero hacerlo ayudaría a incrementar su prestigio e incluso a rebajar el grado de polarización política.