Artículo de Jordi Nieva-Fenoll

Demasiados actores conspirando contra la democracia

Si quien está en los tribunales se deja influir por la política, la Justicia deja de existir.

Fachada del Tribunal Constitucional (TC).

Fachada del Tribunal Constitucional (TC). / EFE

Jordi Nieva-Fenoll

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Hace ya años que España está viviendo una crisis constitucional. Hace tiempo que algunos magistrados del Tribunal Constitucional solo han favorecido su instrumentalización política. Nadie se cree ya que el Consejo General del Poder Judicial sea un órgano independiente, y esto es especialmente grave porque afecta a la Justicia, particularmente a los nombramientos de magistrados de los altos tribunales, entre ellos el mismísimo Tribunal Supremo. Hace no tantos años, todo un ministro del Interior afirmó que la fiscalía afinaba cosas haciendo una gestión... Y vamos observando una vez tras otra cómo demasiados diputados son ya solamente jaleadores de la opinión pública, creadores de titulares o de tuits, ensombreciendo la importantísima labor legislativa que deben desempeñar. A su vez, la costumbre de gobernar/legislar por decreto-Ley, es decir, casi de espaldas al parlamento, se ha hecho demasiado frecuente.

Por si todo lo anterior fuera poco, a unos políticos autonómicos se les ocurrió promover un referendum sin amparo constitucional, y lo llevaron hasta una declaración de independencia completamente ficticia, que nadie se ha atrevido jamás a poner en valor. A semejante exceso institucional respondió la justicia encarcelando de repente a esos políticos, acusándoles de delitos con respecto a los que se forzó la redacción de las normas del Código Penal dándole la espalda a algo tan básico como la presunción de inocencia. Así nació una "rebelión" que nadie vio en Europa, y finalmente una ·"sedición" que está por ver si se la cree el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay quien dice que, en el fondo, todo ello es consecuencia de la sentencia que anuló preceptos del nuevo Estatut de Catalunya, dándole la espalda a la voluntad ciudadana que lo aprobó en referéndum, e incluso a lo votado por el parlamento español, lo que debiera ser excepcional para un Tribunal Constitucional.

Estamos viviendo una situación en la que nadie parece conocer o querer conocer el papel que le corresponde, y desea usurpar el de los demás. Hace poco el Tribunal Supremo suprimió, por una nimiedad que ni siquiera llegó a probarse, el acta de diputado a un representante de la soberanía popular, sin que el mismo Congreso de los Diputados pusiera especial empeño en defenderle. Podría continuar la enumeración hasta esta misma semana, en que un diputado dijo públicamente que con la reforma del preámbulo del Código Penal se les quería dar un "toque de atención" a los jueces. Alucinante.

Estas crisis tan profundas no son frecuentes en las democracias. Se producen de vez en cuando contratiempos importantes, pero las situaciones se van reconduciendo porque habitualmente la crisis no alcanza a todos los poderes del Estado, como por desgracia está sucediendo en España. Ni siquiera la monarquía, es notorio, pasa por su mejor momento... Además, existe en la manera de reaccionar de algunos cierto aire autoritario que en el fondo revela que aún hay quien desearía la vuelta a algo que, por suerte para la mayoría, en realidad no conoce. Existe también cierta tendencia a ver a los rivales políticos como usurpadores, resucitando a aquellas dos Españas embistiendo antes que pensando, como dijo Machado.

En España existen tres problemas principales a nivel político-institucional. El primero atañe a la ordenación territorial del Estado. El segundo afecta al ejercicio del gobierno y de la oposición. El tercero se refiere a la tendencia casi natural a "tocar" a otros poderes del Estado de manera informal, particularmente a los jueces.

El primer problema no se soluciona con la estupidez orteguiana de "conllevarse". El obstáculo principal es que demasiados irresponsables políticos agitan la catalanofobia, o el espantajo de la desaparecida ETA, siempre que pueden. Deberían dejar de hacerlo, y los debates sobre este tema serían mucho más sosegados.

El segundo y el tercer problemas solamente se resuelven creyendo en las instituciones y en la democracia. Si quien está en los tribunales se deja influir por la política… la Justicia deja de existir. Si quien está en la oposición acusa de ilegitimidad a quien ganó las elecciones, no se reconoce la democracia.

Demasiados actores conspirando a la vez contra la democracia. Demasiados.

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