El PSOE se dirige al Constitucional para que no frene la renovación judicial exprés

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un escrito ante el Tribunal Constitucional (TC) para que no suspenda, en su pleno de este jueves, la reforma legal que está previsto que se debata y apruebe en el Congreso horas después. La modificación normativa permitirá la renovación del alto tribunal, donde cuatro de sus magistrados, incluido el presidente, tienen el mandato caducado desde hace medio año debido al bloqueo de los conservadores, y ha sido recurrida en amparo por el PP. Según el PSOE, si el TC decide paralizar la votación de forma cautelarísima, estaría atentando contra “los fundamentos de la democracia”. De la misma opinión es Unidas Podemos, que considera este movimiento del alto tribunal como "una amenaza grave a la democracia".

“Es evidente que, en este caso, la adopción de la medida cautelar provoca una perturbación en un interés constitucionalmente protegido. La adopción de una medida cautelarísima como sería la suspensión de todo o parte de un procedimiento en curso en el Congreso de los Diputados afectaría a uno de los fundamentos de nuestra democracia”, señalan los socialistas en su escrito, donde piden al alto tribunal que le deje formular alegaciones.

Frente a la tesis del PP, que argumenta en su recurso que en esta reforma se han vulnerado derechos fundamentales de los diputados al tramitar las enmiendas sobre la reforma judicial dentro de una reforma del Código Penal que afecta a cuestiones tan distintas como los delitos de sedición y malversación, el PSOE subraya que no hay nada en todo el procedimiento que sea ilegal, pese a que se ha llevado a cabo con una celeridad inusitada y sin recabar los informes de los organismos asesores. 

“El procedimiento legislativo que hoy se discute se ha desarrollado en las Cámaras de acuerdo con las previsiones reglamentarias y respetando las distintas fases previstas para el mismo: toma en consideración, apertura de plazo de enmiendas, debate de totalidad, Ponencia constituida en el seno de la Comisión de Justicia y aprobación por parte de dicha Comisión. Todo ello acordando las decisiones pertinentes en cada una de sus fases los diferentes órganos de Gobierno de la Cámara: Mesa de la Cámara, Junta de Portavoces y Mesa de la Comisión de Justicia”, señala el escrito, que defiende una reforma judicial por la que se pasaría de una mayoría de tres quintos a una simple para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elija a sus dos candidatos al Constitucional. Si el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato también se encuentra caducado, continuara bloqueando esta renovación, incumpliendo su deber de designar a sus dos aspirantes, sus vocales podrían incurrir en responsabilidades penales.

La "autonomía" parlamentaria

“No existen precedentes en las Cortes Generales de la suspensión del procedimiento legislativo por la queja o recurso de una parte minoritaria de diputados o de grupos parlamentarios respeto al procedimiento desarrollado”, sostiene el PSOE, que considera que la paralización de la tramitación “supondría una vulneración de la autonomía” parlamentaria, al presuponer la “falta de legalidad de las decisiones que han tomado los órganos de gobierno de la Cámara, elegidos por los diputados”. Los socialistas, por último, recuerdan que la doctrina del TC establece que para adoptar una medida cautelar, el solicitante (el PP en este caso) debe "alegar, probar o justicicar" que "la ejecución del acto impugnado" (la reforma judicial) supondría un "perjuicio" no "reparable" o de "difícil reparación". En este caso, concluyen, "se puede afirmar, sin género de duda, que no pueden existir esos perjuicios de difícil reparación, dado que el procedimiento legislativo no ha concluido y la tramitación proseguirá".

"Desde hace tiempo, la deriva de la derecha en este país es preocupante, pero esta maniobra, sin precedentes, por la que se trata de impedir que el Congreso cumpla con su papel me parece que es un salto cualitativo que viene a confirmar el carácter antidemocrático -ha señalado el portavoz parlamentario socialista, Patxi López, en los pasillos del Congreso-. Por eso esperamos que la decisión de este TC caducado no vaya por ese camino. Lo lógico sería que cuando existiera la ley se reuniese para decidir la constitucionalidad de la ley, pero no antes".

Petición de abstención

Unidas Podemos, en el recurso de amparo presentado ante el Constitucional, ofrece muchos de los argumentos esgrimidos por los socialistas. Sin embargo, van más lejos y han pedido la recusación del presidente de este órgano, Pedro González-Trevijano, y del magistrado Enrique Arnaldo al considerar que no son imparciales para decidir sobre el recurso del PP. "Los magistrados respecto de los que se solicita su abstención o recusación son aquellos cuyo mandato se encuentra caducado y se verían directamente afectados por la reforma planteada en la proposición de ley", alegan.

La vicepresidenta segunda y líder del ala morada del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado la decisión adoptada por el TC: "Lo que ha pasado en estos días no lo hemos visto ni conocido jamás en democracia". Además, ha acusado al PP de "violentar" la Constitución. El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, también ha denunciado que la decisión del Constitucional "es una amenaza grave a la democracia, seguramente la más grave desde el 23F". En una rueda de prensa en el Congreso, el dirigente morado ha señalado que "no había pasado nunca que un poder del Estado como el TC quisiera arrogarse la función de decidir sobre lo que puede o no puede hacer el poder legislativo".