Apunte

La dictablanda del 60%

La reforma de las reglas fiscales que propone Bruselas mantiene los objetivos de déficit y de deuda pero admite plazos más flexibles para su logro

UKRAINE-CRISIS/EU-ENERGY

UKRAINE-CRISIS/EU-ENERGY / REUTERS / Yves Herman

Rosa María Sánchez

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Tras cuatro años en suspenso, las reglas fiscales vuelven a llamar a la puerta. Bruselas acaba de poner sobre la mesa su propuesta de reforma de las reglas de disciplina presupuestaria que, aunque prometen ser más flexibles que las que acosaron a Grecia, Portugal, Irlanda o España en la crisis de deuda de 2010 a 2012, serán de todo menos amables. El objetivo es que las nuevas reglas se estrenen en los Presupuestos de 2024 y eso es lo mismo que decir que las primeras cuentas de la próxima legislatura deberán estar preñadas de recortes de gastos o de subidas de impuestos.  

Si se cumplen los planes de la Comisión Europea, a partir de 2024 volverá la dictadura del tope de déficit del 3% del PIB. También volverá el dictado del tope de deuda del 60% del PIB, aunque, en este caso, en forma de dictablanda. La diferencia es que a partir de ahora desaparecerá la regla del 1/20. Esta regla obliga a reducir cada año una veinteava parte de la distancia entre el nivel de deuda y el objetivo del 60%. En el caso de España, donde se prevé un nivel de deuda en el entorno del 114% del PIB en 2022, sería como imponer un ajuste de 2,7 puntos de PIB cada año (unos 35.000 millones cada año, que es mucho más que los 21.300 millones que España prevé gastar en desempleo en 2023). En lugar de la dictadura del 1/20 se pretende dar paso a una dictablanda que garantice que la deuda pública se orienta al 60%, sí, pero a un ritmo menos hiriente para el crecimiento económico y diferente para cada país.

El nuevo esquema parte del convencimiento de que más vale una dictablanda admisible que una dictadura imposible. Con la misma filosofía, Bruselas ha puesto sobre la mesa un nuevo modelo de sanciones. No serán tan altas como las actuales, que a fuer de ser elevadas (hasta el 0,2% del PIB de un país) se han hecho imposibles de aplicar. Además, se primarán las penas de reputación. España ya conoce el escarnio que supone la presencia de ‘hombres de negro’ vigilando la política económica de un país. La duda es si la reputación tendrá el mismo poder de convicción que el dinero. 

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