Bruselas relajará las reglas sobre la deuda y el déficit pero con sanciones más automáticas y rápidas

La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento entra este miércoles en una etapa clave con la presentación por parte de la Comisión Europea de su visión sobre cómo aplicar en el futuro las reglas fiscales europeas con una primera comunicación para orientar la discusión. Una vez más Bruselas optará por el enfoque del palo y la zanahoria. Ofrecerá a los países de la eurozona con una abultada deuda pública, como es el caso de Italia, Grecia, España o Francia, más flexibilidad, con sendas de reducción de la deuda y soluciones a medida, pero al mismo tiempo endurecerá la política de sanciones con una aplicación más automática en caso de incumplimiento.

A raíz de la irrupción de la pandemia del coronavirus, a principios de 2020, y la fuerte contracción económica, el Ejecutivo comunitario decidió activar la cláusula de escape del pacto y dejar en suspenso temporalmente la aplicación de las normas presupuestarias -el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit público del 3% del PIB y del 60% de la deuda pública enraizados en los Tratados desde 1994- para alentar a los gobiernos a inyectar los estímulos necesarios en la economía sin temor a procedimiento sancionadores. Esta cláusula seguirá suspendida todavía hasta finales del próximo año pero a partir de 2024 las reglas volverán a aplicarse.

Bruselas quiere que para entonces la UE disponga de normas más fáciles de respetar, que permitan a los gobiernos aplicar una “reducción realista, gradual y sostenida de los altos niveles de deuda”, disparada como consecuencia de los paquetes de estímulo fiscal aprobados por los Estados miembros para mantener a flote sus respectivas economías. El debate sobre la reforma del pacto, tachado desde hace años de complejo y difícil de aplicar, coincide además con la ralentización de la economía y el temor a una recesión debido a la crisis energética que afecta al continente europeo. 

Trayectorias individuales

Según el nuevo plan diseñado por Bruselas, cada país negociará con el Ejecutivo comunitario su senda de reducción de la deuda en función de situaciones particulares muy diversas. Actualmente, por ejemplo, el nivel de endeudamiento oscila entre el 182% del PIB en Grecia y el 17% en Estonia. Los países más endeudados, como es el caso también de Italia (150%), Portugal (123%), España (116%) o Italia (113%), tendrán que seguir trayectorias más estrictas y acordar planes a cuatro años para situar su nivel de endeudamiento en una trayectoria sostenible, el mismo planteamiento sugerido hace tres semanas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en un documento técnico remitido a Bruselas. 

No obstante, tendrán la posibilidad de solicitar sendas más largas, de hasta siete años -si hay acuerdo con Comisión y Consejo- a cambio de inversiones públicas en transición verde y digital así como reformas. Los países con niveles de deuda más moderados -de entre el 60 y 90% del PIB- tendrán un mayor margen de actuación. Además, dejará de aplicarse la obligación de reducir la deuda pública cada año en 1/20 del exceso sobre el 60% del PIB. A cambio de esta flexibilidad en la trayectoria, los gobiernos tendrán que comprometerse con un proceso sancionador más automático y rápido en caso de incumplimiento. Las sanciones serán inferiores a las previstas actualmente -que nunca se han llegado a imponer pese a los reiterados incumplimientos- pero Bruselas menciona por primera vez la imposición de sanciones con un efecto mayor sobre la reputación de los países. 

Decisión de los gobiernos

Una vez adoptada la comunicación -que todavía puede ser objeto de cambios este miércoles- el plan pasará a ser debatido por los ministros de Economía y Finanzas de la UE antes de que la Comisión Europea presente propuestas legislativas a comienzos del próximo año. A priori, la vicepresidenta española Nadia Calviño, que en primavera remitió un documento conjunto con su colega de Países Bajos, Sigrid Kaag, sobre el tipo de reforma que apoya España, está satisfecha con los planes que pretende impulsar Bruselas. 

“Lo que conocemos de momento parece una buena base para avanzar y será muy importante lograr el adecuado equilibrio y, sobre todo, garantizar la apropiación y la comprensión de estas reglas y el apoyo por parte de toda la Unión Europea”, indicaba este lunes en los márgenes de la reunión del Eurogrupo sobre unas reglas que tendrán que “adaptarse a la realidad y las necesidades postpandemia”. El mismo equilibrio que defiende también Francia. “Queremos reglas comunes, responsabilidad de los Estados y mantener posibilidades de inversiones. No puede haber reglas fuertes sin reglas que sean respetadas por los Diecinueve y que sean controladas. Hace falta que los Estados se responsabilicen del retorno a políticas presupuestarias sanas”, reivindica el ministro francés Bruno Le Maire.