Agilidad con las ocupaciones conflictivas

Con cierta frecuencia, se contrapone el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad al tratar el asunto de las ocupaciones ilegales. Una contraposición que el legislador ha intentado resolver intentando dar la mejor respuesta a las necesidades más urgentes, pero que, en la práctica, ha generado otras situaciones que se alejan del espíritu original de la ley. Situaciones que, en lugar de proteger con garantías procesales a personas vulnerables ante la amenaza de quedarse en la calle, blindan a delincuentes que se aprovechan del actual marco legal para lucrarse con viviendas ajenas, ya sea mafias que trafican con los pisos vacíos vendiéndolos llaves en mano, ya sea utilizándolos para sus propias actividades delictivas, como los narcopisos. Todo ello ocurre ante la impotencia de propietarios y vecinos, que sufren además la conflictividad de estas actividades ilegales. Parece evidente que la diferente naturaleza entre unas y otras ocupaciones merece una respuesta policial y jurídica distinta. No puede ampararse igual a la familia sin techo que al criminal. La reciente enmienda a la ley de enjuiciamiento criminal, impulsada por el PSOE y que se votará en el Congreso en breve, busca dar una solución a este problema que va en aumento.

La modificación legal, por un lado, permitirá que los jueces autoricen un desalojo en 48 horas si la vivienda ha sido ocupada por delincuentes. Por otra, posibilitará que sean las comunidades de vecinos quienes puedan solicitar el desalojo, para casos en los que el propietario –el único que ahora puede hacerlo– se desentienda. Unidas Podemos, socio del PSOE en el Gobierno, muestra reticencias a esta enmienda. En una ocasión anterior, el PP presentó su propia enmienda (que fue rechazada) para los desalojos exprés. Los prejuicios ideológicos suelen empañar y dificultar la búsqueda de una solución efectiva al problema de las ocupaciones ilegales de viviendas. El hecho de que, hoy en día, un desalojo pueda tardar entre uno y dos años en hacerse efectivo provoca a los afectados una desesperación que a veces acaba en la contratación de grupos privados especializados en desocupaciones. Una función que debería recaer preferiblemente en los cuerpos policiales, pero que los propios agentes se declaran impotentes para actuar con mayor rapidez. El peligro es que se extienda la sensación de que la ley acaba protegiendo más a los delincuentes que a las víctimas.

No es casual que entre los grandes defensores de esta modificación normativa haya alcaldes de ciudades como Mataró, Sabadell, Terrassa, Granollers… que sufren en primera línea las consecuencias de estas actividades ilegales en un aumento de la conflictividad y la inseguridad vecinal. La proximidad de las elecciones municipales puede servir para recuperar un problema que, de hecho, nunca ha desaparecido.

La propuesta de desalojos en 48 horas es un paso hacia una justicia más ágil, pero abre dudas que deberán aclararse, por ejemplo, cuándo se considera que una ocupación es delincuencial si no hay condena de por medio. Tampoco debería olvidarse el trasfondo del asunto: las ocupaciones son la manifestación patente del grave problema del acceso de la vivienda en muchos municipios españoles. Equiparar la vivienda social al nivel de otras ciudades europeas debe ser una prioridad. Interpretaciones bienintencionadas aceptan las ocupaciones como respuesta a la falta de alternativa habitacional, pero no pueden ser una realidad socialmente aceptada. De igual modo que no es admisible dejar en la calle a una persona que no puede pagar un alquiler en el mercado legal, tampoco lo debe ser que el propietario de una vivienda deba asumir una responsabilidad, y un coste, que corresponde a las administraciones públicas.