Iniciativa del Gobierno catalán

Los ayuntamientos y los vecinos podrán instar el desalojo de delincuentes que ocupan casas

  • La Generalitat también sancionará con multas, e incluso con la cesión obligada de las viviendas, si los propietarios, sobre todo grandes tenedores, no actúan

Un piso ocupado en Mataró.

Un piso ocupado en Mataró. / SERGI CONESA

3
Se lee en minutos
J. G. Albalat
J. G. Albalat

Redactor

Especialista en Judiciales

Escribe desde Barcelona

ver +

El Gobierno catalán impulsará modificaciones legislativas, en concreto del Código Civil de Catalunya y la ley que regula la vivienda, para dar potestad a los ayuntamientos y a las comunidades de vecinos para que insten, en el caso de que los propietarios no lo hagan, el desalojo de las ocupaciones ilegales de viviendas por parte de personas que comenten delitos, como pueden ser los narcopisos, o las naves utilizadas por ladrones para esconder botines, y provocan incidentes graves en el vecindario, en muchas ocasiones haciendo uso de la violencia. Así lo han anunciado este miércoles las 'conselleres' de Justícia y Drets Social, Lourdes Ciuró y Violant Cervera, que también han avanzado que se modificarán las sanciones a imponer a los propietarios de casas, sobre todo grandes tenedores de viviendas, donde se genere alarma social y "alteración de la convivencia". Las multas pueden ascender de 9.000 a 90.000 euros, aunque también se recogerá la posibilidad de obligar a los dueños de los inmuebles a cederlos para destinarlos a personas sin recursos.

Para poder hacer efectivo este procedimiento, el Ejecutivo catalán está ultimando la modificación de un artículo del Código Civil propio de Catalunya (el de los derechos reales en el apartado de propiedad horizontal) y de la ley de la vivienda del 2007, en la que se incluirá "la ocupación ilegal". El objetivo es ofrecer "herramientas" a los consistorios y los vecinos que, según las 'conselleres', en muchas ocasiones se sienten impotentes ante la ocupación ilegal de viviendas por parte de personas o mafias, como traficantes de droga, que "alteran gravemente la convivencia" en los barrios o poblaciones. El texto que reforma el Código Civil estará listo a principios del mes de octubre, pero, después, deberá ser aprobado por el gobierno catalán y por el Parlament.

Un centenar de vecinos de Pallejà (Baix Llobregat) se han enfrentado a una familia de okupas que se habían instalado en una vivienda del municipio en ausencia de sus propietarios. / ACN VÍDEO

Las dos 'conselleres' subrayaron que "las ocupaciones ilegales delincuenciales generan alarma social y perjudican a la convivencia", un problema que debe atajarse lo antes posible. En un principio, los propietarios de las viviendas ocupadas son los que deben pedir su desalojo. Sin embargo, el problema surge cuando los dueños no actúan, como puede ser el caso de los bancos, las grandes inmobiliarias, los fondos buitres o la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), que acumulan pisos vacíos.

Si no se presenta la correspondiente demanda judicial, no se puede ejecutar un desahucio. Ante la "pasividad" de los propietarios de las viviendas, a los que se les dará un plazo de un mes para iniciar la acción judicial, la reforma legal habilitará "inmediatamente" a los ayuntamientos y a las comunidades de vecinos para requerir el desalojo. Con esta modificación legal, detallaron las titulares de Justicia i Drets Socials, se quiere dar "un apoyo jurídico" para "luchar" contra esta actividad delictiva y poder ofrecer esas viviendas a familias vulnerables. "Es un campo abonado a las mafias", insistieron. En ocasiones

Lentitud judicial

Noticias relacionadas

Las 'conselleres' también han hecho un llamamiento a la justicia y a la fiscalía para que aplique protocolos para combatir esas "ocupaciones ilegales delincuenciales", al igual que se hacen en otros territorios de España, a al vez que pusieron de relieve la necesidad de agilizar los trámites para practicar los desalojos en estos casos. Un dato significativo es que en la actualidad están tramitándose en los juzgados catalanes 7.345 denuncias por hechos de estas características. "El 45% de las ocupaciones en el Estado español se dan en Catalunya y el 75% en el área de Barcelona", ha apuntado Ciuró. En estos momentos, los juzgados tardan unos 18 meses en resolver estas denuncias, según el Gobierno catalán.

Uno de esos grandes tenedores que no interviene ante las ocupaciones ilegales, según el Ejecutivo catalán, es la Sareb. Por ello, la 'consellera' Cervera ha requerido a este organismo a que traspase los pisos que estén vacíos a la Administración para que puedan ser destinados a vivienda social, para que "dejen de ser parte del problema, para ser la solución". Además, ha anunciado que la intención es endurecer el régimen sancionador para, si es necesario, obligar a la cesión de pisos. Las 'conselleres' no han precisado cuándo este nuevo reglamento puede empezar a aplicarse. Todo depende de la celeridad que se pretenda dar a las reformas legislativas, no solo en el Gobierno catalán, sino también en el Parlament, donde los grupos políticos podrán hacer sus aportaciones.