Sabadell, Mataró y otros 7 municipios presionan para lograr desalojos de okupas en 48 horas

Los nueves alcaldes del Arc Metropolità de Barcelona (Sabadell, Terrassa, Rubí, Mataró, Martorell, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Mollet del Vallès y Vilafranca del Penedès), de todos los colores políticos, se han movilizado con el objetivo de que el Congreso apruebe, en el marco del proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, que está previsto que se debata la semana del 17 de octubre, dos modificaciones legislativas para posibilitar que los desalojos de viviendas ocupadas por delincuentes se puedan realizar en 48 horas.

La alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, y los alcaldes de Martorell y Mataró, Xavier Fonollosa y David Bote, presidenta, vicepresidente y secretario del Arc, respectivamente, han acudido este jueves a Madrid para pedir a los diferentes partidos políticos, empezando por los del Gobierno de coalición, apoyo para modificar la ley y posibilitar que los pisos ocupados se puedan desalojar en 48 horas. Estos nueve municipios, que acogen una población de 900.000 personas, tienen en estos momentos más de 4.400 viviendas ocupadas por delincuentes, que causan problemas de convivencia con los vecinos y utilizan los pisos para actividades ilícitas. En Mataró, por ejemplo, hay dos ocupaciones delincuenciales al día. En lo que va de año, la cifra supera las 500.

A lo largo de la jornada, Farrés, Fonollosa y Bote se han reunido con representantes del PSOE, Unidas Podemos, PP, ERC, Junts, PNV y Ciutadans en la comisión de justicia del Congreso con la idea de transmitirles la problemática que se vive en sus municipios, para que la tengan en cuenta a la hora de decidir su voto. Los alcaldes han hecho hincapié en que el problema son las ocupaciones delincuenciales y no las ocupaciones por parte de personas vulnerables que no causan problemas de convivencia.

"Hemos visto sensibilidad"

El alcalde de Mataró, David Bote (PSC), ha salido satisfecho de las reuniones. "Hemos visto una sensibilidad que hasta ahora no existía. Es un gran paso. Hemos podido explicar de primera mano la realidad de municipios de los alrededores de Barcelona. Todos han admitido que hay un problema y ahora se trata de solucionarlo", ha explicado en declaraciones a EL PERIÓDICO. Bote es optimista y cree que los partidos están por "aprobar medidas para cortar en seco delitos que amargan la vida de los vecinos y vecinas".

El edil de la capital del Maresme ha lamentado la "confusión" entre "el derecho al acceso a la vivienda" y las ocupaciones ilegales. "Esta pedagogía ha costado mucho y cuesta entenderla si no estás sobre el terreno", añade Bote, cuya ciudad es una de las más afectadas por las ocupaciones delincuenciales.

De entrada, tendrán el apoyo del PSOE, que en septiembre presentó enmiendas a la ley para actuar contra las ocupaciones delincuenciales. En concreto, los socialistas proponían modificaciones legislativas para que los jueces puedan ordenar la salida de los okupas en 48 horas y para que los jurados populares dejen de ocuparse de los casos de allanamiento de morada. Enmiendas coincidentes con iniciativas similares del PP o del PDECat.

En esa ocasión, el PSOE subrayó que esta iniciativa no tiene que ver con los desahucios de personas vulnerables. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, insistió entonces en que la modificación "no tiene nada que ver con los desahucios" y que solo afecta a los "allanamientos y la ocupación ilegal de inmuebles".