Una ruptura irresponsable

La irresponsabilidad alcanzó este viernes, una vez más, cotas lamentables en la política catalana con la decisión de Junts per Catalunya de abandonar el Govern presidido por Pere Aragonès. Ni las razones esgrimidas por los partidarios de la ruptura ni el recurso manido a la decisión de la militancia justifican una decisión de esta envergadura en un momento tan difícil como el actual. La salida de Junts del Govern, decidida por unos 3.000 militantes, aboca a Catalunya a la inestabilidad en plena negociación de los presupuestos de la Generalitat y con una crisis económica de dimensiones inciertas en el horizonte. La victoria del 'no' en esta consulta ha sido el resultado de una estrategia deliberada adoptada por los partidarios de la ruptura, anclados en la defensa del llamado 'mandato del 1 de octubre', un imperativo sin ninguna legitimidad y que no se corresponde con la pluralidad de la sociedad catalana expresada en el Parlament. El proceso que ha culminado con el 'no' empezó con el anuncio de una posible moción de censura a un Govern en el que Junts disponía de la mitad de los ‘consellers’, se desarrolló condicionado por la ambigüedad calculada del expresidente Carles Puigdemont y del secretario general Jordi Turull y siguió con la decisión de la presidenta del partido, Laura Borràs, de hacer campaña abierta contra la continuidad en el Ejecutivo, contraviniendo las normas internas del partido. Una jugada que solo responde a intereses partidistas y sin ninguna consideración por el interés común del país.

La actitud institucional adoptada por el presidente Aragonès en su breve comparecencia, tras conocer la decisión de Junts, debería permitir recomponer cuanto antes un Ejecutivo capaz de aprobar los presupuestos y hacer frente a las consecuencias de la inflación, todo indica que ampliado con independientes. Es una de las fórmulas que tiene a su disposición, pero la ruptura con Junts plantea retos que van más allá de las personas y los cargos. El nuevo Govern deberá buscar apoyos de socialistas y ‘comuns’. Catalunya está abocada, por lo tanto, a un nuevo ciclo político que debe atender con mayor realismo, diálogo y transversalidad los retos que tiene la sociedad catalana. No bastará con intercambiar favores entre la gobernabilidad en Madrid y en Barcelona sin modificar la agenda política en Catalunya. 

El futuro de Junts constituye el otro interrogante inmediato. En la formación conviven dos almas más unidas por un sentimiento nacido del ‘procés’ que por un programa de gobierno. De este envite han salido derrotados quienes la concebían como el embrión de una nueva formación de centroderecha con un independentismo ideal no incompatible con una vocación de Gobierno. Entre ellos están el propio Turull, el ahora estupefacto Xavier Trias y la mayoría de los cargos públicos procedentes de la antigua CDC. Por otro quienes, encabezados por Puigdemont y Borràs, contemplan a Junts como un movimiento alimentado por la pulsión independentista que sigue viva en sectores de la sociedad catalana, lo que solo puede llevar a un proceso de radicalización y empequeñecimiento. De ellos solo se puede esperar una oposición durísima al Govern que ya califican de ilegítimo. 

Compaginar estas dos almas será ahora aún más arduo. No será fácil para los hoy derrotados consumar la reflexión profunda necesaria para construir una opción con vocación de gobierno. Quizá puedan encontrar complicidades con quienes ya anteriormente fueron expulsados de ese espacio central que hoy no tiene representación. En ningún caso podrán hallarlas en el tándem Puigdemont-Borràs que ha partido la organización por la mitad.