La ley de claridad, una ley 'candado'

El ‘president’ Aragonès lanzó ayer en el debate de política general del Parlament la propuesta de un "acuerdo de claridad democrática" para un referéndum en línea con la mal llamada ‘vía canadiense’. Hace tres años, el 4 de julio de 2019, Roger Torrent, entonces presidente de la Cámara catalana, hizo idéntica propuesta –un “pacto de claridad para celebrar un referéndum”– en el Fórum Europa de Madrid. La iniciativa se interpretó como una renuncia a la vía unilateral del 1-O. Escribí entonces en este diario (14 de julio de 2019) las siguientes reflexiones que ahora resumo.

La claridad que se invoca, en alusión a la ley de Claridad canadiense (Clarity Act), no ha servido para que Quebec pudiera realizar referéndum alguno. Al contrario, fue el candado que, de facto, cerró la puerta a la convocatoria de un nuevo referéndum después de los celebrados en 1980 y 1995. Tras la segunda consulta, con una victoria del no por la mínima (50,58%), el Gobierno federal planteó una cuestión interpretativa al Tribunal Supremo (1998) e inscribió los principios de la respuesta en la ley de Claridad (2000).

Stéphane Dion, un político liberal quebequés que pilotó aquel proceso como ministro federal de Asuntos Intergubernamentales, lo ha explicado en varias conferencias en Barcelona y Madrid. He aquí una síntesis.

1. “¿En Canadá, es un derecho la secesión? No. La secesión se admite como una posibilidad; no como un derecho. El gobierno de una provincia no tiene derecho a autoproclamarse gobierno de un Estado independiente. Ni el derecho internacional ni el canadiense le otorgan ese derecho”.

2. “¿Qué es una pregunta clara? El Tribunal Supremo habla de ‘la voluntad de no seguir formando parte de Canadá’. Si insistió en la claridad de la pregunta, se debe a que esta fue cuestionada en los referéndums de 1980 y 1995. La pregunta de 1995 fue la siguiente: ‘¿Está usted de acuerdo con que Quebec sea soberano después de haber hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política en el marco del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio 1995?’”.

3. “¿Qué es una mayoría clara? El Tribunal Supremo dice que el principio de la democracia va más allá de la regla de la mayoría simple y que la obligación de entablar una negociación sobre la secesión solo puede surgir de una mayoría clara. Existen dos razones. La primera es que cuanto más irreversible resulta una decisión, más compromete a las generaciones futuras. La segunda razón es que la negociación sería una tarea difícil y llena de obstáculos. No debería ocurrir que, mientras los negociadores tratan de llegar a un acuerdo, la mayoría cambiase de opinión y se opusiera a la secesión”.

4. “¿Quién evalúa la claridad de la pregunta? El Tribunal Supremo asigna este papel a los ‘actores políticos’. Le incumbe al Gobierno de Quebec elegir la pregunta que se debe formular. La ley de Claridad establece que la Cámara de los Comunes (el equivalente a nuestro Congreso de los Diputados), tras las debidas consultas y deliberaciones, deberá determinar, mediante una resolución y antes del referéndum, si la pregunta es clara”.

5. “¿Quién determina la mayoría clara? Después de un referéndum sobre una pregunta clara, si el Gobierno de Quebec cree que ha obtenido un apoyo claro, la Cámara de los Comunes estudiará la claridad de la mayoría. Únicamente si, tras las consultas y deliberaciones, la Cámara concluye que existe una mayoría clara, el Gobierno de Canadá puede y debe iniciar las negociaciones sobre la secesión”.

En resumen, un referéndum a la canadiense no solo necesita una pregunta clara y una mayoría clara, sino que es la Cámara Baja del Parlamento federal la encargada de determinar la claridad, tanto de la pregunta como de la mayoría exigida. Esta es la razón por la cual los nacionalistas quebequeses se opusieron a la ley. La llamaban Claridad, pero en la práctica puso el listón tan alto que, desde entonces, cerró la puerta a un tercer referéndum de independencia en Quebec.

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