Foment topa con ERC y Colau

Foment del Treball protagoniza una ofensiva en pro de la recuperación del proyecto de Aena de ampliación del aeropuerto del Prat. Una vez asumido el rechazo del Gobierno y de los ayuntamientos del Prat y Barcelona y recordada la contestación ciudadana ante las agresiones medioambientales, Josep Sánchez Llibre, como presidente de esta institución empresarial, ha impulsado la creación de una mesa de trabajo y reflexión para debatir cómo hacer viable la iniciativa del Gobierno español en un futuro inmediato. Es evidente que el adn y los objetivos de Foment, así como la trayectoria política de su presidente, evidencian una voluntad de convencer a los poderes públicos y a la ciudadanía de las bondades de aquello que fue desestimado hace unos meses y reparar los desperfectos producto de la poca habilidad del Gobierno de Pedro Sánchez de querer imponer, sin atender las demandas del territorio afectado, un proyecto que no contaba ni siquiera con el apoyo de todo su Gobierno y que trinchaba la laguna de La Ricarda. En definitiva, este cambio de la estrategia y de los actores encargados de ejecutarla no supone ningún giro conceptual en cuanto al proyecto presentado, por lo cual a nadie le tendría que sorprender que las argumentaciones continúen sosteniéndose en razonamientos, hoy en día caducos, estrictamente economicistas, propios de cuando no se cuestionaba la ecuación del crecimiento sin límites como paradigma del progreso económico y social.

Tampoco nadie tendría que engañarse sobre los intereses a los que sirve Fomento. De hecho, Sánchez Llibre, como destacado dirigente de CiU, nunca se había escondido de las complicidades mantenidas con el Foro Puente Aéreo, el lobi conformado por poderes fácticos económicos madrileños y catalanes, los miembros del cual o bien se inhibieron de la demanda de inclusión en el Estatuto del traspaso del aeropuerto del Prat o se posicionaron en contra. Como tampoco había renunciado a presentar en el Congreso de los Diputados, en 2010, demandas de partidas económicas a incorporar en los presupuestos del Estado para rescatar a las sociedades concesionarias (Florentino Pérez y otros) de las autopistas radiales de Madrid, mientras en Catalunya los conductores iban empollando la indignación que tenía que estallar con la plantada del “No vull pagar” en los controles de peaje. O, últimamente, singularizándose en las críticas a la alcaldesa Ada Colau en el marco de una operación de desprestigio del Gobierno municipal de Barcelona, que alcanza a medios de comunicación y cierto 'agitprop' a pie de calle.

Con todo, ni el visto bueno en Aena por parte del PSC, responsable político de las promociones urbanísticas desplegadas en Gavà colindantes del mismo aeropuerto, que comportó dificultades operativas para despegues y aterrizajes por mor de no hacer imposible la vida por contaminación acústica, fue suficiente para cumplir con la voluntad de Aena. Ni tampoco valieron las astucias protagonizadas por el vicepresidente Puigneró, para cerrar un principio de acuerdo en un encuentro en el ministerio de Fomento, en agosto de 2021, con la responsable Raquel Sánchez, el mismo día que en Madrid se reunía la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, sin que la parte catalana fuera conocedora.

En todo caso, las respuestas tanto de En Comú Podem como de ERC fueron contundentes. Los primeros, a través de los gobiernos municipales de Barcelona y del Prat y los republicanos, mediante un debate interno que culminó con unas conclusiones aprobadas unánimemente por los miembros del Consell Nacional. Del análisis de las posiciones de ambas fuerzas políticas se desprendió un compromiso de no aceptación de renuncias, atendiendo a la situación de emergencia que obliga a hacer incuestionables variables de criterio ecológico y social en la planificación del territorio. En conclusión, coger el toro del modelo económico imperante por los cuernos, lo cual comporta también repensar el relativo a la industria turística. Y, en cuanto a ERC, se añadió la imprescindibilidad de que cualquier debate alrededor del aeropuerto tenga que contemplar el traspaso de la gestión, para poder garantizar las inversiones y avanzar en la calidad, interconexión y sostenibilidad de las infraestructuras del país. Aeroportuarias y ferroviarias.

En los momentos actuales, en que a menudo se sufre la carencia de concreción por parte de los partidos políticos, es de agradecer que el republicanismo haya sido tan categórico al afirmar que no solo la laguna de La Ricarda no se tiene que tocar, sino que no es asumible ninguna ampliación que tenga que suponer un incremento global de las emisiones de carbono, no preserve la biodiversidad y no cumpla estrictamente las directivas europeas y la Agenda 2030.

Porque vivimos tiempo de urgencias y ya no valen parches ni fugas hacia adelante.

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