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Ágora | Artículo de Daniel Crespo

La reforma de la ley de la ciencia

Dos científicas en un laboratorio.

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Daniel Crespo

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El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y, en breve, finalizará la fase de tramitación parlamentaria de la Llei de la Ciència de Catalunya. Las administraciones muestran su interés en el progreso científico, lo cual es, en sí misma, una excelente noticia.

La ley de la ciencia estatal marca como objetivo fundamental incrementar la financiación pública de la investigación, llegando hasta el 1,25% del PIB en 2030. Esta financiación es actualmente del 0,62% del PIB y, sumado a la inversión privada en R+D+i, llega al 1,41%, muy lejos del 3,14% de Alemania, el 2,35% de Francia o el 2,32% de la media de la Unión Europea. Estas cifras muestran la magnitud del esfuerzo necesario, que requerirá de una voluntad política sostenida.

La nueva ley clarifica la carrera científica y pretende reducir la temporalidad del sistema de ciencia y tecnología. Por un lado, porque el porcentaje de temporalidad en los organismos públicos de investigación (OPI) y en las universidades se sitúa alrededor del 40%, probablemente la cifra más elevada en las administraciones públicas del país. Por otro lado, porque tanto los OPI como las universidades tienen en estos momentos plantillas muy envejecidas, con edades medianas entre los 50 y los 60 años. Ambos hechos son consecuencia de la carencia de contratación de nuevo personal permanente a los OPI y en las universidades desde la crisis de 2010. La renovación generacional es, por lo tanto, imprescindible y urgente.

Con esta reforma, los contratos del personal contratado y financiado con proyectos de investigación se convierten en indefinidos. Este punto ha levantado cierta polémica, dado que buena parte de estos contratos están financiados por proyectos de la Unión Europea, y están vinculados a tareas específicas del proyecto. Si el contrato se renueva en un proyecto diferente, la posible futura indemnización del contrato no queda cubierta por la financiación del proyecto, cosa que ha sido considerada un riesgo en la financiación y subsistencia futura de universidades y centros de investigación. Considerando que la obtención de estos fondos de investigación es extremadamente importante para el país, es de esperar que la administración establezca un mecanismo de financiación complementaria para cubrir esta eventualidad. Es necesario insistir, sin embargo, que la plena renovación generacional no se conseguirá hasta que la administración no asigne los recursos necesarios para dotar económicamente nuevos puestos de trabajo de plantilla, independientes de la financiación de los proyectos de investigación.

La ley persigue también facilitar el retorno de parte de los investigadores e investigadoras actualmente en extranjero. Nuestro país genera científicos y científicas muy bien formados que, en parte debido a la carencia de lugares del trabajo en nuestros centros de investigación y universidades, se ven a menudo obligados a continuar su carrera científica en el extranjero. Esta fuga de capital humano es una gran pérdida para el país y hay que facilitar su retorno, a pesar de ser conscientes de que es difícil igualar sus condiciones laborales y materiales. Aun así, el retorno no se tiene que producir solo en el sistema público de investigación; hace falta que las empresas ofrezcan más puestos de trabajo atractivos para que estos científicos se puedan incorporar y aumentar así la competitividad del sector empresarial.

Facilitar la transferencia de conocimiento del sistema público de investigación al tejido productivo y a la sociedad es otra necesidad fundamental y urgente. El sistema de investigación del país es, en este momento, altamente competitivo en el ámbito internacional. La productividad científica de Catalunya, por poner un ejemplo, está claramente por encima de la media de la Unión Europea. El eslabón débil del sistema, con todo, es la valorización de esta ciencia de alto nivel que facilite la evolución de nuestra economía hacia un modelo más sostenible. Es decir, no solo hay que hacer ciencia excelente, hay que hacer ciencia con capacidad de generar impacto económico y social. Y, para lo cual, hace falta la complicidad del sector productivo, que tiene que disponer del personal y la estructura adecuadas para reforzar la colaboración público-privada y convertir esta ciencia en nuevos productos y servicios. Y aquí conviene también hacer notar la necesidad de disponer de más recursos.

La ciencia experimental, que en última instancia se transforma en tecnología, es sustancialmente más cara que la ciencia teórica. La reducción de recursos que el sistema científico ha sufrido desde la crisis económica del 2010 ha provocado también un envejecimiento de las infraestructuras científicas, que necesitan una renovación urgente. Los proyectos de investigación proporcionan los recursos para la investigación específica que se plantea en cada caso, pero la financiación de las medias y grandes infraestructuras científicas corresponde a la administración.

La necesidad de simplificación de los procesos de gestión de la ciencia en los organismos públicos de investigación y universidades es también un clamor en la comunidad científica. Es natural que la gestión de los fondos públicos se haga con el máximo rigor, pero actualmente cualquier gasto está sometido a un doble control: antes de realizarla y una vez finalizada el proyecto. Este nivel de control tan exhaustivo obliga a Opios y universidades a destinar una parte importante de su plantilla a satisfacer este control duplicado, con el consiguiente incremento de costes de personal. La ley reduce el control a posteriori, que se pasará a hacer por muestreo.

Así, pues, la reforma de la ley de la ciencia pone las bases para el adelanto de la investigación y la transferencia del conocimiento, pero solo la voluntad política de asignar los fondos necesarios permitirá que el sistema científico pueda hacer la aportación al progreso económico que el país merece y necesita.