La investigación a Laura Borràs | Transparencia, ética y política

Hace 17 años un grupo de profesionales muy diversos, nombrados por el presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, le entregaron un informe, que les había encargado medio año antes, sobre buen gobierno y transparencia administrativa. El trabajo, según el acuerdo de Gobierno que lo aprobó, debía centrarse “sobre los principios que deben orientar las actuaciones de las Administraciones públicas catalanas, de sus organismos y empresas y de sus responsables políticos y profesionales para asegurar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y la igualdad en el acceso a la información sobre esta gestión por parte de todos los ciudadanos, organizaciones y empresas”, añadiendo que “el informe podrá incluir recomendaciones sobre eventuales reformas normativas o de procedimiento administrativo que garanticen el respeto a dichos principios y reduzcan el riesgo de prácticas desviadas del interés general”, y que “deberá presentar igualmente propuestas para el reforzamiento de una cultura ciudadana que rechace como inaceptables aquellas prácticas”.

El acuerdo expresa claramente el objetivo del encargo: “Una sociedad que quiere ser competitiva en la esfera internacional, ambiciosa en sus objetivos colectivos y eficiente en la utilización de sus recursos públicos debe contar con un sistema político y administrativo gestionado por responsables electos y profesionales que respeten en todo momento los principios de integridad personal, de lealtad al interés público y de rendimiento transparente a su gestión”.

Aunque es evidente que la gestión política a todos los niveles institucionales y administrativos está lejos en muchos casos de la transparencia, del rigor y de la honestidad -fijemos la atención solo en los casos de corrupción-, también es cierto que hay miles y miles de cargos electos y de gestores y funcionarios que desarrollan su labor de forma correcta, ajustada a la legislación vigente y con voluntad de prestar servicio a la ciudadanía.

Reconozco que en más de una ocasión he recordado el contenido de este informe y lamentado que no se haya aplicado de forma generalizada. Sin embargo, últimamente las informaciones que van apareciendo en los medios sobre la actuación de la presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes, Dª Laura Borràs, a la hora de otorgar a un amigo suyo varios contratos fraccionados por debajo de 18.000 euros, cantidad a partir de la cual no se puede hacer un otorgamiento personal y es necesario hacer un concurso público, me han producido un enorme disgusto y una mayor irritación, ya que en lugar de asumir la culpa, de tratar de justificar el engaño y de comprometerse a no volver a hacer nada parecido, ha aprovechado su nueva dedicación a la política y sus cargos institucionales para convertir la acusación de un delito administrativo y económico en un ataque a sus ideas políticas y en la represión del Estado al independentismo.

Cuando se produjeron los hechos que están a punto de ser juzgados, nadie conocía las ideas políticas de quien lo había hecho, y todo el que ha trabajado en las administraciones que contratan servicios externos tiene conocimiento de los límites económicos de las adjudicaciones directas, de las fragmentaciones de un encargo en diversas variantes para no superar la cifra y de la convocatoria de concursos. Cada procedimiento tiene sus condiciones y deben llevarse a cabo siguiendo la legislación vigente y no los intereses personales. No debería ser nada complicado aportar datos que demuestren que esto no sucedió. Tampoco lo será que se demuestre lo contrario. Esperamos el juicio. Hasta la fecha, sin embargo, hay más datos publicados a favor de la fragmentación y del acuerdo entre quien adjudicaba y quien recibía el contrato que los opuestos.

Que quien debe afrontar un juicio por un presumible delito administrativo se dedicara después a la política y fuera asumiendo cargos electos, de Gobierno y de presidencia de la segunda más alta institución catalana no puede mezclar ambos escenarios y atribuir a la política hostil a la independencia que le acusen de algo administrativo que había hecho años antes. También genera estupefacción comprobar que muchas personas con elevados niveles formativos, cargos institucionales y presencia mediática, por no hablar de algunos medios de comunicación, compartan y difundan ese despropósito que destaca exclusivamente la represión política e ideológica.

Las más elevadas representaciones políticas deberían sumar la ética y la transparencia. Actuar al revés provoca desencanto, distanciamiento e individualismo. No es lo mejor para los tiempos que nos esperan. Pero la presidenta del Parlament acaba de dar otro paso equivocado: temiendo lo que le puede caer encima prefiere incumplir la legalidad.

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